Alrededor de 20 niños pertenecientes a la comunidad de San Francisco Xochicuautla, promoverá un amparo para obligar a que se acate la suspensión definitiva de la autopista Toluca-Naucalpan, donde se argumentará violación a sus derechos por parte de Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera, como titular del Sistema DIF, así como contra Grupo Higa-Autovan.
Fue Priscila Hernández, directora de Earth Defenders, organización con sede en Washington DC, y dedicada a la defensa del derecho a un medio ambiente sano, quien declaró que este recurso es el primero en su tipo, posiblemente a escala mundial, además informó que se promovió desde este 1 de septiembre pasado ante los tribunales federales.
“Hemos decidido demandar a Grupo Higa, al presidente Peña Nieto y a Angélica Rivera, entre otras autoridades, que han permitido, auspiciado y perpetrado violaciones a los derechos humanos de los niños, en razón de que desde hace casi una década han irrumpido ilegal y violentamente, con apoyo de granaderos, a territorio de la comunidad”, señaló.
En dicho recurso, también se señala la responsabilidad de autoridades estatales, pero de manera fundamental de los señalados, “en virtud de la relación de complicidad que tienen entre sí, y que queda de manifiesto con casos como el de la Casa Blanca de la primera dama del país”.
Sobre la obra que se planea detener, dijo Hernández Bribiesca, se ha concretado sin pensar en las afectaciones a los menores de edad, “quienes en algunos casos han sido golpeados por la fuerza pública (por ejemplo durante los desalojos) y han padecido durante una década violencia psicológica ante el temor generado por los policías armados que vigilan sus casas, amedrentan, golpean y detienen a sus papás”.
“Están aterrorizados”, aseguró la abogada, tras precisar que este ambiente ha provocado en ellos pérdida de apetito, disminución del rendimiento escolar, sueño a temprana hora para evadirse de su realidad, por mencionar algunas consecuencias.
“Entre los promoventes se encuentran niños de todas las edades, uno de ellos de 8 años que prácticamente ha pasado toda su vida en estas circunstancias, con lo que se violan los derechos de la niñez tutelados internacionalmente”, señaló.
En la comunidad habitan alrededor de 2 mil 500 niños, y al menos 300 padecen de manera directa las afectaciones de la obra, ya sea porque viven sobre el trazo carretero o porque sus escuelas se ubican a 150 o 200 metros de la autopista.
“Las denuncias se sustentan con testimonios de los pequeños afectados, estudios científicos, los mandatos judiciales de suspensión de la obra y documentos que prueban su ilegalidad, en virtud de que la vía pretende cruzar por el bosque otomí-mexica protegido como parte de las Ciénegas del Río Lerma y como parque nacional, por lo que se tiene prohibido cambiar el uso de suelo”, puntualizó.
Además, será el viernes 23 cuando el caso se llevará a la mesa de trabajo en materia de medio ambiente en la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
