Luego que se diera a conocer, de manera oficial, que la PGR mantiene una investigación por lavado de dinero en contra del gobernador de Veracruz, Javier Duarte, se denunció que la dependencia dejó intacta y sin castigo a la principal red de operadores del mandatario, esto pese a que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) la denunció ante la PGR por varios delitos.
A inicio de semana, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del tricolor suspendió los derechos del Mandatario local, de cuatro de sus ex funcionarios y de dos notarios públicos. Aunque, decidió mantener dentro del partido a cinco diputados federales y dos diputados locales involucrados en las irregularidades.
Aun cuando los siete priistas, también están siendo investigados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), puntualmente por el caso de las empresas fantasmas, a las que el Gobierno de Veracruz pagó por diversos contratos.
Dentro de las denuncias aparecen el diputado Édgar Spinoso, ex oficial mayor y ex subsecretario de Finanzas del Estado y cercano al ex gobernador Fidel Herrera. Así como Alberto Silva Ramos, ex Secretario de Desarrollo Social y coordinador de Comunicación Social en Veracruz, vinculado directamente con la contratación de empresas fantasmas.
Señalado también se encuentra, el nombre del legislador Tarek Abdala, ex tesorero de Duarte y quien ha sido denunciado en varias ocasiones por la Auditoría por presunta desviación de recursos destinados a educación y salud.
En tanto, el diputado federal Adolfo Mota, ex Secretario de Educación, fue denunciado por la ASF por presuntas irregularidades cometidas en esa dependencia, Jorge Carvallo Delfín, quien fuera Secretario de Desarrollo Social del Estado, es otro de los ex funcionarios que están siendo investigados por los contratos con compañías inexistentes.
Sin embargo, quienes se convertirán en diputados el próximo 5 de noviembre, en aquella entidad, los priistas Vicente Benítez y Juan Manuel del Castillo, se han quedado sin sanción alguna. Benítez está relacionado con el envío de 25 millones de pesos en efectivo que fueron interceptados en el aeropuerto de Toluca en 2012, en tanto Del Castillo, ex tesorero y ex secretario particular de Duarte, fue denunciado ante la PGR y la Fiscalía veracruzana por diversos ilícitos.
