Este fin de semana, la Procuraduría General de la República (PGR) obtuvo la orden de aprehensión que solicitó en contra del ex gobernador de Sonora Guillermo Padrés Elías, siendo concedida por el juzgado 12 de distrito en materia penal con sede en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México.
Según la información dada a conocer por funcionarios federales, el ex mandatario “enfrentará acusaciones penales por los delitos de defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita por un monto superior a 8 millones de dólares”.
Así, colaboradores de la procuradora general, Arely Gómez, y funcionarios judiciales indicaron que confirmaron que “el mandamiento judicial se solicitó la semana pasada, aunque trascendió apenas el jueves que el Ministerio Público Federal había requerido la orden de aprehensión respectiva”.
Además se saber que existe la presunción que Padrés Elías se benefició de contratos otorgados a Mario Humberto Aguirre Ibarra, uno de ellos relacionado con la fabricación de uniformes escolares que serían entregados a estudiantes de primaria en esa entidad.
Además, la PGR presentó información donde se señala que el ex mandatario estatal habría participado en la creación de una empresa fachada con sede en Holanda, denominada Dolphinius, y a las cuentas de esta firma se transfirieron en julio de 2014 más de 8 millones de dólares.
En dicha investigación por defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita, la Fiscalía Anticorrupción del estado, también indaga a 652 personas, de las cuales 200 son ex funcionarios del gobierno de la entidad y 452 particulares que están vinculados a 180 empresas utilizadas para cometer actos de corrupción tanto a nivel estatal como municipal.
Según información del primer informe que el fiscal Odracir Espinoza Valdez rindió esta semana se señala que “se tienen 302 expedientes en investigación, a raíz de 95 denuncias ciudadanas, tres de asociaciones civiles, 161 de dependencias estatales y 43 municipales”.
En la investigación, se dio a conocer que las transferencias ilícitas de recursos también incluyen a accionistas que son familiares del ex gobernador panista, y el dinero fue transferido de cuentas de las firmas Sonora Apparel SA de CV y Confección Industrial SA de CV, “dos compañías que no tenían registro como proveedores del gobierno local, las cuales eran propiedad de Mario Humberto Aguirre Ibarra, quien es identificado también como dueño de un centro de convenciones”.
Ahí aparece involucrado Miguel Padrés, hermano del ex gobernador, a quien el Servicio de Administración tributaria (SAT) solicitó que le fueran congeladas las cuentas 0226407597 de Banorte y 11006578225 y 07706928-1 de Scotiabank Inverlat. Se comentó que “él está sujeto a investigación por defraudación fiscal y presuntamente también estaría relacionado con Aguirre Ibarra”.
