(08 de octubre, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- “La vida de la abogada Estela Ángeles Mondragón, ha sido una constante lucha por la sobrevivencia, una luchadora social, cuya valentía por defender al pueblo Rarámuri le ha costado constantes amenazas de muerte y ataques, a fin de hacerla desistir de la defensa de los derechos humanos.
Ha sido una incansable vocera de las necesidades de las comunidades de Bakéachi, Wawacherare y Chinéachi, del municipio de Carichí ubicados en la sierra tarahumara del estado de Chihuahua, y denunciado la lucha por la aniquilación de uno de los grandes pueblos originarios de nuestro país, en 2011, en 2013 y ahora nuevamente la han querido frenar, principalmente el gobierno, quieren dejar desprotegida esa parte de la población, por medio de la política del terror”, asevera la activista Gloria Salazar.
En días recientes Mondragón ha recibido una serie de agresiones que ponen en peligro su vida, siendo lo anterior una acción en su contra que siguió a la difusión de una campaña de desprestigio basada en una supuesta queja interpuesta ante la CNDH en su contra.
En diciembre de 2015, ocho sentencias judiciales fueron ejecutadas en la comunidad Carichí, a favor de un grupo de indígenas, quienes habían sido despojados de sus tierras por varios ganaderos de la región. Con lo anterior, la abogada Estela Mondragón se logró que el territorio fuera devuelto a los rarámuris.
Un mes antes, informó la abogada de la comunidad indígena de Baqueachi, que varios ganaderos desalojaron un terreno con una superficie de 44 mil 784 hectáreas, del cual había sido despojada una tribu rarámuri, por lo que interpusieron una denuncia contra los invasores, cuyo fallo fue a su favor.
Lo cual provocó que ella recibiera amenazas y hostigamientos, por lo que organizaciones de derechos humanos, se han pronunciado, responsabilizado de cualquier atentado dirigido hacia Estela, a los ganaderos del Municipio de Carichí encabezados por su asesor Tomás Humberto Ruiz Mendoza.
Este última, en el 2016, ha proferido amenazas y calumnias en contra de la defensora, así como a Jesús María Sandoval Espino, Abraham Palma Fierro, Carlos Torres Herrera e Isaías Martínez Torres, defensores de dicho territorio.
“En un acto de justicia de los que poco se ven en el país, la defensora ha logrado que se respeten los derechos de los indígenas, por lo cual, bajo la impunidad que impera en este país cualquiera se siente libre de atacar a quien ‘afecte’ sus intereses particulares.
Ahora mismo lo importante es que el Estado no se vea tan cínico y proteja no solamente a la defensora, sino también a toda la comunidad, con rondines de la Policía Estatal en la comunidad de Baqueachi. Además es urgente que la Comisión Nacional de Derechos Humanos se pronuncie sobre las omisiones estatales que han favorecido el despojo del Pueblo Rarámuri y sobre las agresiones en contra de la comunidad y su defensora”, añade Salazar.
Quien menciona que no podría existir duda, que los hostigamientos son respuesta y reacción por la obtención de 32 sentencias favorables al Pueblo Rarámuri de Baqueachi para restituirle cerca de 22 mil hectáreas de su territorio.
Cabe señalar que esta zona indígena, es uno de los territorios más pobres del país, por lo que la restitución del territorio en favor de este pueblo indígena, “no solo es un acto de justicia resultado de la lucha inmemorial de este pueblo, también es fruto de 20 años de lucha jurídica que han permitido obtener recursos inéditos en el país en favor de las comunidades indígenas”.
En 2010, la hija de Estela sufrió un ataque armado, ese mismo año, un mes después, su esposo Ernesto Rábago Martínez, también defensor de derechos humanos, fue asesinado. Sin embargo, estos no fueron los únicos hechos violentos y mortales, seguido de éstos, se perpetraron ataques a sus oficinas donde se lanzaron dos bombas molotov, además de las constantes amenazas, hostigamiento y agresiones que no se han detenido.
