Luego de darse a conocer que el senador priista Emilio Gamboa, violó la ley, al aterrizar en helicóptero en un área protegida, el empresario Emilio Díaz Castellanos y el funcionario de la SCT, Guillermo Ruiz de Teresa, usaron después el yate “Maharani”, que se adentró en una zona prohibida para las embarcaciones en el Parque Nacional Arrecife Alacranes.
Los tres embarcaron en la Isla Pájaros, una de las cinco que componen el Área Natural Protegida, en Yucatán, donde están prohibidos los embarques y desembarques.
De acuerdo con el programa de manejo del Parque Nacional, “sólo se permiten estas acciones en la Isla Pérez, pues ahí existen canales de navegación que no perjudican al arrecife”.
Aunque la Profepa, mencionó que el yate, propiedad de Díaz Castellanos, no provocó ningún daño al arrecife. Sin embargo, por violar el programa de manejo y la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, “el dueño de la embarcación deberá pagar entre 50 y 50 mil salarios mínimos”.
Cabe señalar que a unos metros del sitio donde descendió el helicóptero hay un aviso: “Esta isla es sitio de anidación de aves y tortugas marinas, por favor, no desembarque en esta isla, pues estas especies son muy sensibles a la presencia humana”.
Además, en cuanto al navío, al mando de Javier Ricardo Rosel Manzano, contaba con permiso para ingresar al Parque Nacional, pero no respetó las reglas del área natural. Más allá de las afectaciones al Parque Nacional Arrecife Alacranes se debe investigar el trasfondo del descenso ilegal sobre una reserva marina de un helicóptero Bell 412, matrícula XA-EHP, que transportó a funcionarios, advirtieron especialistas.
Por lo que la Profepa confirmó violaciones administrativas y a la legislación ambiental por el aterrizaje de la aeronave donde viajaban el senador priista Emilio Gamboa, el coordinador de Puertos de la SCT, Guillermo Ruiz de Teresa, y el empresario Emilio Díaz Castellanos, el pasado 2 de octubre.
Sobre el tema, el politólogo e investigador social, José Luis Sierra Villarreal, lo menos relevante es quiénes fueron los pasajeros del helicóptero que maniobró sobre la Isla Pájaros o Blanca.
“Lo más importante es lo que hay detrás de eso. ¿Y qué hay detrás de eso? Es una trama delictiva, es una relación de intereses y de personas que se mueven lo mismo en la iniciativa privada que en el Gobierno por una actitud de impunidad y de espacios de gestión increíbles”, explicó.
Actualmente en Yucatán prevalece una disputa por la terminal de gas en el Puerto de Altura de Progreso, un proyecto que estaría en la mira de consorcios empresariales presuntamente bajo el padrinazgo de Gamboa Patrón.
El próximo viernes vence el plazo para que el arrendador y el piloto del helicóptero así como el dueño y el patrón de la embarcación que realizaron ilegalmente acciones de aterrizaje y embarque en el Parque Nacional Arrecife Alacranes, realicen observaciones a la sanción que prevé imponerles la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
Por su parte, José Lafontaine, delegado de la Profepa en Yucatán, explicó en entrevista telefónica que el acta de sanción ya fue presentada a los presuntos infractores ambientales y tienen cinco días hábiles para hacer observaciones.
“Estamos en la etapa en donde llamamos a procedimiento a las partes. Los presuntos infractores tienen derecho a la defensa como cualquier ciudadano y, en ese sentido, de acuerdo a los parámetros que nos marca la propia Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, nosotros emitimos una sanción.
No podemos hablar de números todavía. Ellos, después de la resolución de la Profepa, tienen otras instancias tanto administrativas como judiciales para poder impugnar la resolución?, declaró Lafontaine.
