Por: Zazil Carreras
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El pleno del Senado aprobó en lo general y en lo particular las reformas a la Ley General de Víctimas, que establece que los gobiernos deberán coordinarse para garantizar mecanismos de ayuda, asistencia, acceso a la justicia y reparación integral a los afectados.
Entre los cambios que incluye la reforma a la Ley de Víctimas destaca lo referente al gobierno federal en el ámbito de su competencia, el cabal cumplimiento de la ley y los instrumentos internacionales aplicables.
Además, define el término de víctimas potenciales para establecer con precisión que esta figura se conforma por aquellos defensores de víctimas que, por el ejercicio de asistencia a la víctima o por la actividad que realizan, necesitan recibir protección en caso de que sus derechos a la vida y a la libertad sean amenazados.
Se agrega, además, el término víctimas indirectas, que serán los familiares o las personas físicas a cargo de la víctima, que tengan relación inmediata con ella.
Los cambios avalados proponen también mejorar la aplicación y viabilidad operativa de esta nueva ley, que en su momento fue vetada por Felipe Calderón Hinojosa.
El dictamen enviado a la Cámara de Diputados también incluye la definición de “hecho victimizante”, que será aquel acto u omisión que dañe, menoscabe o ponga en peligro los bienes jurídicos o derechos de una persona, convirtiéndola en víctima.
Éstos pueden ser tipificados como delito o constituir una violación a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política mexicana y en los tratados internacionales.
Otro de los cambios al dictamen establece que, en caso de que las víctimas no sean debidamente atendidas por las comisiones estatales de atención, los quejosos tendrán un plazo de 30 días, y no como se señala originalmente, para acudir a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
