Victoria Caraveo Vallina, dirigente de la organización Justicia para Nuestras Hijas, acompañada de 28 mujeres con hijas víctimas de feminicidio, protestaron porque el actual gobierno de Chihuahua les quitó 90% de los recurso que recibían, a pesar de la orden de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en el juicio conocido como Campo Algodonero.
Indicó que activistas y víctimas han intentado hablar con el gobernador, Javier Corral, no obstante funcionarios y burócratas, así como el equipo de seguridad del mandatario estatal se los impiden.
