Ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), el gobierno de el priista Enrique Peña Nieto a través de el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE, Miguel Ruiz Cabañas afirmó que no existe forma de comprobar que la actuación policíaca en San Salvador Atenco respondió a instrucciones por funcionarios de alto rango.
En el Segundo día de audiencias por el caso de 11 mujeres víctimas de tortura sexual por parte de policías, Ruiz Cabañas expresó que el Estado ha admitido su responsabilidad internacional en este caso y advirtió que la falla en las investigaciones fue solamente en la etapa inicial.
Dijo, que el Estado mexicano no cuestiona las graves violaciones de derechos humanos de las cuales fueron víctimas, sin embargo, indicó que es necesario tomar en cuenta el contexto en el que ocurrieron los hechos y que los agentes tuvieron mal comportamiento, pero no por órdenes superiores.
Y destacó “Hubo falta de preparación, capacitación y legislación para realizar los operativos, lo cual tuvo como consecuencia que al momento de implementar los operativos, muchos agentes se alejaran del marco de la ley”.
Ruiz Cabajas indicó que retomó la investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de 2009, pero no encontró pruebas para determinar máximos responsables por estos abusos,”Al analizar lo relativo a la cadena de mando, la Suprema Corte concluyó la imposibilidad de comprobar la hipótesis de que en los operativos se hubiera girado una instrucción en el sentido de agredir física, psicológica o sexualmente a los manifestantes”, declaró.
Añadió que la evidencia que encontró la SCJN, fue clara pues las instrucciones de autoridades estatales y federales señalaron que sólo podían hacer uso de la fuerza en caso de ser necesario, que el uso fuera apegado al orden jurídico mexicano y con estricta y absoluta observancia a los derechos humanos.
Ruiz Cabañas también expresó que las investigaciones han sido diligentes, imparciales y efectivas. POr su parte los representantes de las víctimas como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reiteraron en diversas ocasiones que lo ocurrido en Atenco no se trató de hechos aislados cometidos por malos policías.
Margaret May Mcauley, relatora sobre Derechos de las Mujeres de la CIDH, indicó que el operativo policiaco fue masivo y que por ello deben haber oficiales de alto mando involucrados.
La abogada del Centro Prodh, Stephanie Brew, dio a conocer que mientras la Corte realizaba su investigación, se pidió al Gobernador del Estado de México información sobre las acciones que se tomaron para cesar con los abusos que se estaban cometiendo, de los cuales él tenía conocimiento desde el 3 de mayo de 2006.
“La SCJN confirmó que la violencia en Atenco fue permitida y alentada por la cadena de mando. De igual modo, la CNDH, al analizar cientos de testimonios, fotos y videos del operativo concluyó que los policías violaron derechos humanos bajo la anuencia y tolerancia de sus superiores”, indicó Brewer.
Y agregó “Según las respuestas escritas del entonces Gobernador (Peña Nieto) a la SCJN, él se enteró de abusos policiales desde el 3 de mayo, pero ante preguntas de qué acciones tomó en el momento de enterarse de esa situación, no menciona haber tomado ninguna medida concreta para hacer cesar los abusos ya en curso”.
