Para el final del quinto año de gobierno de la administración de Enrique Peña Nieto, el número de personas no localizadas se acerca a los 35 mil, casi 10 mil más que al término del sexenio de Felipe Calderón.
Cabe señalar que ha habido un ascenso en cada trimestre; en el más reciente corte, al 31 de octubre pasado, los expedientes del fuero común a cargo de procuradurías y fiscalías estatales llegaron a 33 mil 513, mientras que los del fuero federal, responsabilidad de la PGR, se contabilizan en mil 147.
En ambas clasificaciones, se ha percibido que una cuarta parte de las víctimas son varones jóvenes. Es decir, hay 4 mil 994 personas no localizadas de entre 15 y 19 años de edad y una cantidad similar del rango 20-24 años.
Las entidades con mayor rezago en la clarificación del destino de miles de personas son Tamaulipas, Estado de México, Jalisco, Sinaloa, Nuevo León y Chihuahua, los cuales suman 60 por ciento de todos los casos de responsabilidad local; de ellos, 590 casos tienen diez años o más de antigüedad.
De acuerdo con La Jornada, a nivel federal, con incremento sostenido, también son los mismos estados punteros de cinco años a la fecha: Guerrero, con 349 (incluidos los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos en 2014); Veracruz (202 expedientes) y Tamaulipas con 130.
Al comenzar el actual sexenio, en 2012, la organización Human Rights Watch (HRW) advirtió que Enrique Peña Nieto debería definir una estructura para investigar y erradicar las desapariciones. Por lo que presentó entonces, con pruebas contundentes, 149 historias de desapariciones forzadas.
Pero las cifras de personas no localizadas no disminuyeron, por el contrario, su ascenso ha sido imparable y hasta el momento sólo se ha conseguido la aprobación de un nuevo marco legal.
