Ante los asesinatos de ediles, regidores y ex funcionarios ocurridos este año, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) urgió a las entidades garantizar la paz durante el proceso electoral.
Al inaugurar la Conferencia Permanente de Congresos Locales (COPECOL), el Ombudsman Luis Raúl González recordó que “los derechos humanos deben garantizarse para todos en el país sin importar su filiación, preferencia política o ideológica”.
“Estimamos necesario poner este tema sobre la mesa, para que se actúe en favor de garantizar las mejores condiciones para que nuestra sociedad pueda llevar a cabo, en un entorno de paz, seguridad y respeto, el ejercicio democrático que este año va a realizar”, expresó.
“Las diferencias de opinión o ideología deben encontrar cauce para plantearse y dirimirse por la vía institucional. La violencia no construye democracia”.
El Ombudsman urgió a que “los ataques y homicidios sean investigados y sancionados, ya que dejar los casos en la impunidad debilita a las instituciones y las condiciones de gobernabilidad”.
Recordó que dichas agresiones, así como la impunidad, violan los derechos a la vida, a la protección de la integridad física, a la seguridad y al acceso a la justicia.
“Desafortunadamente, buena parte de estas agresiones continúan en la impunidad o sólo se resuelven parcialmente, con lo cual se genera un entorno propicio para que las mismas sigan sucediendo”, lamentó.
Hoy, la CNDH y la COPECOL firmaron un convenio para dar seguimiento a la armonización legislativa en los estados, de forma que todos cuenten con leyes que respeten los derechos humanos.
Entre los principales pendientes, González mencionó la revisión integral y el replanteamiento de las políticas públicas en materia de seguridad y justicia.
En entrevista con medios de comunicación, informó que “mandará a los Congresos un documento para ayudarles a legislar en torno al matrimonio igualitario, a fin de que cumplan con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)”.
“Ya emitimos una Recomendación General nosotros, la Corte ya dijo que cualquier legislación (…) que limite la posibilidad de los matrimonios igualitarios es inconstitucional, y hoy lo que dije es que la omisión legislativa puede ser motivo de responsabilidad”, abundó.
