Con el argumento de que Elba Esther Gordillo Morales podría “desestabilizar la paz y la seguridad del Estado mexicano”, la Procuraduría General de la República (PGR) solicitó y logró que el juzgado sexto de distrito modificara las medidas cautelares concedidas como parte de la prisión domiciliaria a la ex dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), de acuerdo con La Jornada.
Es por eso que desde este miércoles, con la autorización judicial, se restringieron para Gordillo Morales llamadas telefónicas, visitas, acceso a Internet y a otros medios de comunicación.
Por lo que ahora, los abogados de la ex lideresa deberán entregar entre este jueves y viernes un listado con los nombres de quienes podrán visitar a su defendida y éstos serán sometidos a la aprobación del Ministerio Público Federal (MPF), en caso contrario se suspenderán temporalmente las visitas.
El abogado Marco Antonio del Toro difundió un comunicado de prensa en el cual señala que “el acuerdo judicial se estima ilegal y draconiano”, y “esta mordaza, propia de regímenes totalitarios, no hace sentido con el beneficio de la prisión preventiva domiciliaria, ya que consiste en el beneficio del adulto mayor con precario estado de salud de permanecer en su residencia en tanto se concluye el proceso penal que se le sigue.
Las medidas de seguridad deben instrumentarse únicamente para que el adulto mayor no abandone dicho domicilio. A eso deben constreñirse. De ninguna manera faculta a autoridad alguna para introducirse en el domicilio, revisar mensajes de texto, correos electrónicos, escuchar conversaciones, oír llamadas.”
Por esta razón, los defensores de Gordillo presentaron un recurso de amparo que, de acuerdo con fuentes judiciales, “podría ser del conocimiento del juzgado cuarto de distrito, que ya ha conocido de otros recursos relacionados con Gordillo Morales, y este viernes podría definir si le otorga una suspensión provisional que impida la continuación de esas medidas”.
