“La denuncia que se interpuso contra la ex comisionada del INAI, Ximena Puente, a quien se acusó de haber usado a tres empleados del Instituto para tareas domésticas, debe ser investigada”, consideró Renata Terrazas, coordinadora de Derecho de Acceso a la Información de Fundar.
Además señaló que, “en caso de que los hechos denunciados sean comprobados, el Órgano Interno de Control del INAI y, en su caso, la Procuraduría General de la República (PGR) deben sancionar a la ex funcionaria”.
“Primero que nada amerita que se aclare el tema, porque no es menor. Desafortunadamente, hemos desarrollado en México una vacuna contra la corrupción y toleramos algunos grados de corrupción. Esto, si se comprueba, es corrupción, de eso que no nos quede ninguna duda, porque es utilizar bienes públicos, en este caso recursos humanos, para intereses privados”, indicó Terrazas.
De acuerdo con Reforma, el martes pasado el ex cónyuge de Puente, Óscar Javier Solorio Pérez, presentó una denuncia en el OIC y en la PGR donde acusó a la también candidata a una diputación por el PRI, de utilizar a dos empleadas del instituto como nanas y a un tercero como chofer particular.
Con ello, según la denuncia, “habría incurrido en un peculado por un monto estimado en un millón 72 mil pesos, calculado en función del salario que devengaron los servidores públicos durante el tiempo que estuvieron bajo su servicio”.
“Lo primero es que amerita una discusión muy profunda sobre la veracidad de estos datos y, de comprobarse, yo creo que ya es momento de empezar a exigir una mayor ética profesional en la gente que nos gobierna”, dijo la coordinadora de Fundar.
“Todo esto que está saliendo a la luz sobre Ximena Puente está resultando algo muy doloroso para la confianza. Estamos hablando de que estos comisionados (del INAI) en teoría no fueron dedazos, en teoría no fueron cuotas de cuates y termina esta comisionada comportándose igual o de peor forma”, señaló.
