Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entregó al Senado de la República una propuesta para realizar la Ley General de Desplazamiento Forzado Interno, con el objetivo de ampliar el espectro de protección de los derechos de las personas desplazadas.
Señalan que a pesar de que es una problemática que existe hace más de dos décadas, en México no hay una normatividad que reconozca el desplazamiento forzado interno como un hecho generador de violaciones de derechos humanos.
En este contexto, se plantea trabajar en tres ejes principales, que son la prevención de los desplazamientos forzados, la protección y asistencia a las personas desplazadas y medidas enfocadas a lograr soluciones duraderas a la problemática.
A través de su cuenta de Twitter, el ombudsman nacional dijo que “es inaceptable que el dolor y el sufrimiento de una familia se recrudezca cuando las personas piden apoyo a las autoridades”. Insistió en que el desplazamiento forzado es un flagelo que no se ha visibilizado en México, pese a que las personas pasan no solo por violencia sino por megaproyectos e incluso fenómenos naturales
