“En los últimos seis años, 422 mujeres periodistas sufrieron violencia física, psicológica, sexual y patrimonial”, indica el informe Herencia de un Sexenio: Simulación y Desplazamiento. Violencia contra las mujeres periodistas 2012-2018.
El documento, elaborado por la organización civil Comunicación e Información de la Mujer A.C (CIMAC), señala que “esa cifra supera en más del 200 por ciento el número de agresiones registradas durante el sexenio pasado.
“En seis años de Gobierno de Enrique Peña Nieto, CIMAC documentó 422 casos de violencia contra mujeres periodistas, 222 por ciento más que en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa”, puntualiza.
El reporte da a conocer que nueve de cada 10 periodistas fueron víctimas de violencia psicológica, es decir, fueron objeto de actos de intimidación, amenazas y hostigamiento, informó Reforma.
Tres de cada 10, agrega, “fueron agredidas de forma física, 2 de cada 10 han sido víctimas de violencia patrimonial y, por lo menos, una de cada 10 sufrió algún tipo de ataque sexual”.
Entre los casos documentados por la organización civil se encuentran, además, 6 casos de feminicidio relacionados con el ejercicio periodístico de las víctimas.
Las entidades que concentran el mayor número de agresiones son la Ciudad de México, con el 18 por ciento; Veracruz, con el 14 por ciento, y Puebla, con el 9 por ciento.
El grupo de edad más afectado, detalla el reporte, “es entre 36 y 40 años, la mayoría de ellas colaboradoras de medios impresos, quienes cubrían la fuente política y casos de corrupción”.
Los principales agresores, según el reporte, “son funcionarios públicos del ámbito municipal, estatal y federal, así como simpatizantes y candidatos de partidos políticos”.
Durante la presentación del documento, “periodistas desplazadas como consecuencia de su trabajo denunciaron que los mecanismos de protección para el gremio son limitados, están ahogados en el burocratismo y no garantizan el castigo de los responsables”.
La periodista Rosa María Rodríguez, quien fue desplazada de Tamaulipas hace más de dos años, indicó que “el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (Segob), al que está acogida, se encuentra limitado desde el momento en el que tiene que coordinarse con los gobiernos estatales, debido a que éstos y las autoridades municipales son los principales agresores”.
“Tardaron 4 meses en mandar al representante estatal que asume una serie de compromisos con Roberto Campa, representantes de la ONU, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y organizaciones civiles de defensa de periodistas”, dio a conocer.
Dijo que actualmente sigue esperando que dichos acuerdos se cumplan publicó el mismo medio. Además, la periodista señaló que “la Fiscalía para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresó (FEADLE) tampoco garantiza el acceso a la justicia”.
“Es absolutamente inaceptable una fiscalía que tiene una eficacia en sus investigaciones del 0.8 por ciento, o sea el 99.2 por ciento de las agresiones a periodistas no se aclaran, no se castiga a los responsables, entonces lo mismo da que exista o no”, aseveró.
CIMAC documentó siete casos de periodistas mujeres que han sido desplazadas como consecuencia de su trabajo, de ellas una se vio obligada a exiliarse.
