A cuatro años de la desaparición de estudiantes de la normal rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, este lunes el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, firmará la creación de una comisión especial para investigar los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero.
En una ceremonia programada a las 10:00 horas en Palacio Nacional, el Presidente Andrés Manuel López Obrador firmará ante los padres de los jóvenes el Decreto para el Acceso a la Verdad en el caso Ayotzinapa.
Según la invitación entregada a representantes de los familiares de los desaparecidos, con la firma del decreto, “el Presidente instará a las Secretarías y dependencias del Ejecutivo a favorecer el acceso a la verdad y la justicia en el caso”.
El asesor jurídico del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, Vidulfo Rosales, aseguró ayer que “los padres de los 43 normalistas desaparecidos no tienen altas expectativas de que el Gobierno de López Obrador cumpla con hacer justicia por lo sucedido la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014”.
“Hemos sido claros con el equipo de López Obrador: confianza hasta ahorita no la hay. La confianza hay que construirla en el camino, aunque los padres tienen confianza en que las cosas cambien en cuanto al dinamismo de las investigaciones”, dijo el activista al ser entrevistado en Tixtla, Guerrero.
De acuerdo con Rosales, el decreto tendrá tres puntos: uno, en el que se instruye a todas las dependencias a colaborar con la comisión de la investigación para dar con la verdad en el caso de Ayotzinapa.
Otro punto es que esta comisión contará con facultades para investigar, visitar lugares e incluso ordenar búsquedas de nuevos sitios donde podrían estar los normalistas.
Según el activista, en la investigación que realizó la PGR, que siempre la basó en “su verdad histórica”, ya no quiso realizar más búsquedas. El tercer punto que establece este decreto es que tendrá los suficientes recursos presupuestarios para que opere, publicó Reforma.
En cuanto al castigo a los responsables de los hechos de Iguala, Rosales consideró que “este tema será una prueba para el Gobierno de López Obrador”.
“Es responsabilidad del nuevo Gobierno a quién o a quiénes va a castigar, pero nosotros creemos que ahí hay que llegar a autoridades de alto nivel porque no solamente se trata de castigar a policías”, manifestó.
El activista indicó que, “para que López Obrador haga justicia, su gobierno tendrá que llegar a autoridades de alto nivel para resolver el caso”.
