Edel Álvarez Peña, presidente del Poder Judicial del Estado de Veracruz, endeudó al organismo por más de 3 mil millones de pesos para la construcción, equipamiento, conservación y mantenimiento de 21 ciudades judiciales, al comprometer las participaciones federales de los próximos 25 años.
Durante la pasada administración del Poder Judicial fueron construidos seis centros de impartición de justicia con recursos propios y sin necesidad de endeudamiento, sin embargo bajo la titularidad de Álvarez Peña se adjudicaron contratos de Asociación Público Privada los cuales se tendrán que pagar en un plazo de 300 pesos con dineor que recibe de la Federación.
De acuerdo con versiones extraoficiales, si la presente Legislatura no aprueba el presupuesto 2019 del Poder Judicial, se corre el riesgo de que los contratos de las obras sean cancelados, lo que ocasionará que se tenga que pagar una millonaria penalización a las empresas beneficiadas con la adjudicación de obras.
El monto podría alcanzar hasta los 5 mil millones de pesos, pagando un monto de hasta 17 millones de pesos mensuales durante 300 meses a empresas que ganaron los recursos, contados a partir de la fecha del contrasto respectivo.
A esto se suma que en su proyección presupuestal del 2019 se establece el pago millonario cada mes a las empresas a las que se fueron otorgados los contratos y a las que se pagará una especie de arrendamiento pues son ellas las propietarias del edificio durante ese periodo.
En dicha proyección,se considera el concepto de Rentas por Contratos de APP por 295 millones 800 mil pesos, a razón de 24 millones 650 mil pesos que derogará el Poder Judicial cada mes por este concepto.
No obstante esta cantidad dista mucho de los 17 millones que se considera en el contrato con la Compañía Desarrolladora y que incluye solo 7 centros de impartición de justicia en Boca del Río, Ozuluama, Alamo, Papantla, Misantla, Isla y Las Choapas.
Considerando que el gasto anual contemplado para este concepto es de 295 millones 800 mil pesos en tan solo 10 años sumarían 2 mil 958 millones de pesos, siendo que el plazo para 25 años el monto rebasaría por mucho los 7 mil millones de pesos.
