En el ecosistema del debate público actual, la frontera entre el análisis geopolítico formal y la especulación incendiaria se vuelve cada vez más difusa. Una muestra de esta distorsión se presenció recientemente en el canal digital Atypical TV, donde intervenciones de opinadores y figuras políticas terminaron por encajonar la compleja relación trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá en una premisa simplista y carente de rigor factual: que las presiones comerciales de Washington obedecen al supuesto resguardo intencionado de figuras políticas mexicanas.
Durante la transmisión, el economista Mario Di Costanzo aseguró de forma categórica que el camino para destrabar las negociaciones y la certidumbre en torno al T-MEC consiste, esencialmente, en «entregar» al gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, afirmando que «lo demás es arreglable».
A esta postura se sumó la senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Carolina Viggiano, quien sostuvo que la presidenta Claudia Sheinbaum «pareciera que ya decidió proteger a sus narcos y no a México; no a la economía de México».
El primer problema de esta postura radica en la ligereza con la que se desmantela el funcionamiento de la política exterior y las dinámicas de comercio internacional. Plantear que una política arancelaria o la revisión de un tratado comercial de la escala del T-MEC —que involucra cadenas de suministro globales, déficit comercial, balanza energética, manufactura pesada e industria automotriz— se resuelve como si se tratara de una entrega cambiaria de sospechosos no solo es conceptualmente erróneo, sino peligroso para el rigor informativo.
Las amenazas arancelarias y las disputas comerciales provenientes de la Casa Blanca han respondido históricamente a agendas proteccionistas, dinámicas electorales internas de EEUU y presiones macroeconómicas estructuradas. Reducir decisiones que impactan miles de millones de dólares a un supuesto «intercambio» politiquero omite la verdadera raíz de los conflictos comerciales y desinforma a la audiencia sobre cómo opera la diplomacia de Estado.
La irresponsabilidad del juicio sumario en la oposición
Por otro lado, los señalamientos expresados por la senadora Carolina Viggiano reflejan una estrategia mediática volcada al sensacionalismo antes que a la fiscalización seria. Acusar a la presidenta de «proteger a sus narcos» en lugar de velar por la economía del país, basándose únicamente en opiniones personales y supuestos y sin presentar pruebas ni fundamentación jurídica en la mesa, degrada el papel institucional de la oposición.
Si bien el ejercicio de oposición exige cuestionar con severidad la política de seguridad nacional, las relaciones diplomáticas y los posibles nexos de cualquier funcionario con el crimen organizado, convertir tales sospechas en evidencia para explicar de un plumazo la crisis de aranceles roza el absurdo.
Espacios como Atypical TV han encontrado en el discurso estridente un nicho de audiencia. Sin embargo, cuando se confunde el análisis político con la fabricación de teorías conspirativas sobre la marcha, se le resta valor a los problemas reales de México.
Finalmente, cabe señalar que convertir la agenda bilateral en una historieta de entregas condicionales no ayuda a comprender las vulnerabilidades del país ni sus fortalezas macroeconómicas.
