Los 305 asesinatos de mujeres, de los cuales 90 se cometieron a partir de que se emitió la declaratoria de Alerta por Violencia de Género (AVG), confirman que en Oaxaca se mantiene una violencia feminicida pese que el gobierno estatal pretende ocultar este problema al “tergiversar o manejar políticamente la información lo que no permite dimensionar su gravedad”.
El Grupo de Estudios sobre la Mujer “Rosario Castellanos” (GESMujer) consideró “necesario reconocer que una a una de las 305 muertes violentas de la actual administración (de Alejandro Murat Hinojosa), es mucho más que una fría estadística”.
“Es una clara representación del valor que este gobierno asigna a las mujeres y las niñas, pues a cada una de ellas se le violentaron derechos fundamentales a su integridad física, a la libertad, a la seguridad, derechos que el Estado debe garantizar y que al no cumplir a cabalidad con su obligación, terminaron no sólo con sus vidas, sino que el efecto se multiplica, pues impacta a sus familias, a su entorno inmediato y en general a toda nuestra sociedad, generando dolor, tristeza e indignación ante la impunidad”, añadió.
GESMujer insistió en que la violencia feminicida en Oaxaca se debe investigar desde un enfoque de género.
Recordó que debido a los altos índices de violencia feminicida, la Secretaría de Gobernación emitió la resolución el 30 de agosto de 2018 en 40 municipios de Oaxaca la declaratoria de AVG, cuyo mecanismo emite un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar ese grave problema.
Lo que preocupa es que desde la declaratoria de AVG, 90 mujeres y niñas han muerto de manera violenta, sin embargo, el pasado 5 de febrero, el Fiscal General del estado, Rubén Vasconcelos Méndez, en su comparecencia en la Legislatura Local, afirmó que el estado de Oaxaca ocupa el lugar número 10 a nivel nacional en violencia feminicida, cuando en el 2017 era el número 4.
¿Cómo explicar que año con año, desde la administración del gobernador Alejandro Murat, el número de feminicidios ha ido disminuyendo, cuando hubo una tendencia similar de muertes violentas en el mismo período?, se preguntó.
De ahí, ¿Por qué es importante investigar cada muerte violenta como feminicidio?, ya que en principio sería para castigar de acuerdo a la tipificación de un delito grave, pero con los elevados niveles de impunidad, no hace la diferencia.
Sin embargo, a nivel político, presentar un mayor número de casos de feminicidio durante la administración, se puede identificar como un criterio de falta de eficiencia en la atención hacia la violencia de género y por lo tanto aumenta la presión política.
Pero desde el punto de vista de la justicia, sí es necesario investigar cada muerte violenta como feminicidio, porque permitirá al Estado, tener un panorama más cercano a la realidad de los niveles de violencia que viven las mujeres y las niñas. Porque la violencia feminicida, es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación a sus Derechos Humanos tanto en el ámbito privado como público y está conformada por conductas sociales y de Estado que pueden culminar en la muerte violenta de las mujeres.
Reconoció que a partir de la declaratoria de alerta por violencia de género se ha presentado un plan de trabajo estatal y se han integrado 37 de los 40 Consejos Municipales para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.
Otra situación que es preocupante y que muestra la falta de voluntad política de las autoridades es que justamente en San Juan Guichicovi y Santo Domingo Tehuantepec, ambos pertenecientes al Istmo, no han instalado sus Consejos Municipales.
De acuerdo al seguimiento hemerográfico del Gesmujer en lo que va del año han muerto de manera violenta 56 mujeres y niñas, de las cuales en 91 por ciento de los casos, se desconoce quién o quiénes fueron los agresores.
Otro elemento es que 75 por ciento de los casos de muertes violentas se realizaron con armas de fuego, de ahí la insistencia de investigar como feminicidio misma que se basa en la necesidad de visibilizar las condiciones de desigualdad y discriminación que enfrenta la población femenina, que se cruza con pobreza, origen étnico, orientación sexual, así como exclusión de los sistemas educativos y laborales.
En el año, los casos de mujeres que han sido asesinadas de manera violenta por armas de fuego, enfrentan además el discurso cargado de prejuicios de que “se encontraban ligadas al narcotráfico, o al ejercicio del trabajo sexual, al ser asesinadas en bares o moteles” cuando en realidad puede estar asociada a los altos niveles de pobreza y exclusión que viven las mujeres en Oaxaca.
Otra situación que observaron es que “contabilizando las 56 mujeres y niñas asesinadas de manera violenta, en 42 de los casos, fueron con armas de fuego, lo que significa que son las mujeres quienes están pagando con su vida los costos de una omisión grave en cuanto al control y uso de armas de fuego en Oaxaca, elemento que debe también ser considerado dentro de las políticas de atención a la violencia hacia las mujeres”.
Finalmente, como organización de la sociedad civil, consideraron importante recalcar que aunque se declararon 40 municipios en todo el estado con alerta por violencia de género, se debe seguir implementando y fortaleciendo el plan estatal de prevención, atención sanción y erradicación de la violencia de género y contra las mujeres.
La forma extrema de violencia de género contra las mujeres es la violencia feminicida, por ello, si bien es urgente avanzar en el reconocimiento de la problemática, investigando cada caso desde una perspectiva de género, paralelamente se deben reforzar las acciones para la prevención de la violación a los Derechos Humanos de las mujeres y las niñas tanto en el ámbito privado como público.
“Reconocemos que la problemática es compleja, pero una asignación de recursos suficientes y oportunos, una capacitación en perspectiva de género y una voluntad política clara, son indispensables para garantizar la libertad, la seguridad y la vida de las niñas y las mujeres de Oaxaca”.
Del 1 de diciembre de 2016 al 22 de mayo de 2019, es decir desde que tomó posesión como gobernador Alejandro Murat Hinojosa, se han cometido 305 asesinatos de mujeres. Y tan sólo en el 2019 van 56 asesinatos de mujeres de los cuales 18 se han cometido en el Istmo de Tehuantepec, 13 en la región del Papaloapan, 11 en Valles Centrales, 7 en la mixteca, 5 en la costa y 1 en la cañada.
