En un caso que expone la impunidad de los centros de adoctrinamiento privado y la urgencia de erradicar la violencia machista, las autoridades mexicanas confirmaron este lunes la detención de tres personas implicadas en el feminicidio de Dafne Zapata, una adolescente de tan solo 13 años.
El crimen, ocurrido bajo el disfraz de una «novatada» o ritual de iniciación en un campamento de verano en Tamaulipas, encendió las alarmas del Gobierno Federal, obligando a una revisión e investigación masiva de estos planteles clandestinos que operan sin el aval del Estado.
El horror comenzó el pasado 16 de julio, cuando la menor perdió la vida ahogada y con severas huellas de violencia física. Aunque el personal de la escuela intentó encubrir el crimen asegurando que la joven se había «desvanecido», la necropsia y las denuncias de su madre, Alejandra Quintos, sepultaron la versión oficial de la institución.
«La mataron peor que un animal, la torturaron durante cuatro días sin parar. Estaba toda llena de agua, golpeada», denunció la madre ante la opinión pública, destapando las prácticas de tortura que se ejercían bajo el amparo de una supuesta disciplina castrense.
El Estado desconoce las escuelas militares privadas
El eco de la tragedia llegó hasta la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue tajante al desmarcar al Estado mexicano de estos centros de formación.
«Ni la Secretaría de Educación ni la Defensa Nacional autorizan este tipo de modalidades», sentenció, dejando en claro que las fuerzas armadas no tienen ningún vínculo con estas organizaciones que lucran con la exigencia de disciplina.
Por su parte, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, explicó que la legislación mexicana vigente no avala la educación de tipo militarizado en el sector privado.
Ante esto, el secretario informó que ya se ordenó a todas las autoridades educativas locales del país iniciar una revisión exhaustiva y un censo para detectar y clausurar estos planteles ilegales que ponen en riesgo la vida de la juventud.
Directora e instructoras tras las rejas por feminicidio
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó que la investigación se conduce estrictamente bajo el protocolo de feminicidio.
Derivado de las indagatorias, se logró la captura en flagrancia y posterior vinculación del director del plantel y de una instructora, a quienes un juez ya les dictó la medida cautelar de prisión preventiva por su presunta participación material e intelectual en la tortura y muerte de la menor.
Asimismo, las autoridades confirmaron la detención de una segunda instructora implicada en los hechos, cuyo estatus legal se definirá en las próximas horas. Este lamentable suceso ocurre en un contexto crítico para el país, donde se promedian diez asesinatos de mujeres al día según datos de Naciones Unidas.
Ante la emergencia nacional, el gobierno de la llamada Cuarta Transformación recordó que ya camina en el Congreso un proyecto de ley para endurecer los castigos contra la violencia de género, el cual contempla penas severas de hasta 70 años de cárcel para quienes cometan el delito de feminicidio.
