Antes de llegar a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador se pronunció a favor de sancionar a los militares que violaran Derechos Humanos, pero una vez en el poder su equipo de gobierno ni siquiera ha respondido a la exigencia de justicia de tres indígenas tzeltales víctimas de tortura sexual cometida por soldados en 1994.
El hecho de que la agresión a las hermanas Ana, Beatriz y Celia González Pérez haya ocurrido hace 25 años no significa que deba ser un caso que permanezca en la impunidad, afirmó en entrevista la abogada de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Anahí Ruelas.
Ruelas, quien actualmente es una de las representantes legales de las hermanas González, explicó a Cimacnoticias que este caso es relevante porque el testimonio de las indígenas, originarias del estado de Chiapas, fue una de las primeras denuncias documentadas sobre violación sexual cometida por elementos de las fuerzas armadas.
Aun cuando las tres indígenas decidieron denunciar y lograron que en 1996 su petición de justicia llegara a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, la abogada describe que hasta hoy el gobierno mexicano no ha reconocido que ellas fueron víctimas en un retén militar y sus agresores no han sido investigados ni están en prisión.
En estos años sólo hubo dos avances relevantes, menciona: hace casi una década, en 2010, el entonces gobernador de Chiapas, Juan Sabines, anunció públicamente que daría una indemnización de 500 mil pesos a cada una de las hermanas González, y a su madre, Delia Gonzáles de Pérez, monto que, refirió Ruelas, no fue una reparación integral.
Más tarde, en 2016, el avance fue que el expediente de la investigación por el delito de tortura sexual fue remitido de la Procuraduría Militar a la Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General, donde no hay avances a pesar que las abogadas de las indígenas afirman que hay por lo menos 12 personas identificadas que participaron en los hechos, tres de ellas mandos que pudieron ordenar o permitir las vejaciones.
La tarde de los hechos las indígenas iban a su casa después de ir a un poblado vecino a vender productos agrícolas. En su camino pasaron por un retén militar en el municipio chiapaneco de Altamirano. Allí, Ana de 20 años de edad, Beatriz de 18 años, Celia de 16 años y su madre Delia Pérez fueron interceptadas por militares.
Con el pretexto de interrogarlas y saber si pertenecían al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que el 1 de enero de 1994 se levantó en armas, los soldados las mantuvieron privadas de su libertad durante dos horas. En ese tiempo las tres hermanas fueron separadas de su madre, golpeadas y violadas en reiteradas ocasiones.
La abogada Anahí Ruelas explica que este caso muestra que las violaciones a Derechos Humanos cometidas por militares no comenzaron durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), cuando se implementó la estrategia de combatir el crimen organizado con el despliegue de las fuerzas armadas.
Para ella, los casos se incrementaron en este periodo, pero la violencia contra las mujeres cometida por militares tiene un recorrido histórico como ejemplifica la historia de las hermanas González, ocurrida en 1994, en un contexto de conflicto armado. Este factor histórico, afirma la litigante, no lo contempla la administración de López Obrador.
Ruelas menciona que revisar el contexto en que ocurre una violación a Derechos Humanos y analizar los factores políticos y sociales de la época ayuda a identificar patrones, por ejemplo: entender cómo se realizaban los operativos militares, a quiénes se detenía y qué pasaba con estas personas.
El actual gobierno no está reconociendo los hechos del pasado, dice. En 2017, cuando el Congreso de la Unión debatía la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, que implicaba que los militares realizaran labores de seguridad interna, el entonces candidato a la Presidencia, López Obrador, criticó el actuar del Ejército mexicano; pero ahora no ha tomado acciones en esta denuncia que implica a miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Como muestra, la abogada señaló que el pasado 7 de mayo se realizó una reunión entre el Estado mexicano y representantes legales de las indígenas tzeltales. En ese encuentro, que se realizó en Jamaica, las indígenas propusieron, por medio de videoconferencia, un acto de disculpa pública donde participe un representante de la Sedena, algo que aún no se concreta.
En la reunión de revisión del cumplimiento del Informe de Fondo 53/01 en el caso 11.565 (de las hermanas González), publicado en 2001 por la CIDH, se acordó revisar las peticiones de las indígenas, quienes aún están a la espera de un nuevo encuentro con autoridades de gobierno, ahora en la Ciudad de México.
En el informe publicado por la CIDH, el organismo internacional recomendó al Estado mexicano realizar una investigación seria, imparcial y exhaustiva para determinar la responsabilidad penal de todos los autores de las violaciones cometidas y, en su caso, aplicar las sanciones y reparar adecuadamente a Ana, Beatriz y Celia González Pérez.
En tanto, la investigación sigue en la Fiscalía General de la República y sin ninguna orden de aprehensión para detener a las 12 personas involucradas y plenamente identificados desde hace 25 años. Por su parte, la representación legal de las hermanas trata de incidir para que no se soliciten más peritajes que las revictimicen toda vez que, aseguran, hay suficientes pruebas en el caso.
Ante la militarización y la creación de la Guardia Nacional, un cuerpo militarizado que se encarga de las labores de seguridad en todo el país, es importante que se reconozcan y se atiendan hechos del pasado como este caso de tortura sexual, aseguró la abogada.
