En Jalisco, “en total de 19 municipios de Jalisco reprobaron en las prácticas para prevenir y frenar actos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”, dio a conocer la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
A través de El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), el organismo detectó focos rojos en las Comisarías de Seguridad Pública y Cárceles Municipales de 19 Ayuntamientos del Estado, tras su visita en abril pasado, que se encuentra reportada en el Informe de Seguimiento 3/2018, emitido el 3 de julio pasado, se informó.
“En el desglose de las anomalías se indicó que esos Ayuntamientos debían atender 236 factores de riesgo que les fueron reportados desde hace un año para prevenir actos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
“No obstante de esos 236 factores de riesgo, las entidades municipales de Jalisco sólo atendieron solo 44, es decir, el 18.66 por ciento, 29 (12.28%) de esos factores únicamente presentaron avances encaminados a su cumplimiento y 163 (69.06%) aún persisten”, informó Reforma.
“El MNPT considera que esos lugares de privación de la libertad y alojamiento no garantizan que las personas ahí detenidas gocen de estancia digna, segura, ni reciban trato con debido respeto a su dignidad”, concluyó el mecanismo.
El medio señaló que: Las visitas fueron reportadas en los Ayuntamientos de Atotonilco El Alto Chapala, El Salto, Encarnación de Díaz, Guadalajara, Jalostitlán, La Barca, Lagos de Moreno, Ocotlán, San Juan de los Lagos, San Pedro Tlaquepaque, Sayula, Teocaltiche, Tepatitlán de Morelos, Tequila, Tonalá, Yahualica de González Gallo, Zapopan, Zapotlán el Grande y Zapotlanejo, así como de una Casa Hogar en Guadalajara.
“Entre los factores de riesgo más recurrentes en esos lugares se encuentran la falta de mantenimiento e higiene en las instalaciones; carencia de partida presupuestal para el suministro de alimentos a las personas privadas de la libertad; inexistencia de celdas exclusivas para alojar mujeres, y falta de Reglamentos y Manuales de Procedimientos que regulen las áreas de detención”.
Asimismo, añadió el mecanismo, “la falta de servicio médico y de privacidad al realizar la certificación de integridad física a las personas detenidas; insuficiencia de personal de seguridad; falta de capacitación de los servidores públicos en materia de Derechos Humanos y Prevención de la Tortura, así como de instrucción del personal médico en materia del “Protocolo de Estambul”, e inexistencia de registros y programas para prevenir y atender situaciones o eventos violentos”.
