En Puebla se abrieron 73 averiguaciones previas y carpetas de investigación contra mujeres de 2009 a marzo de 2019 por abortar, 11 mujeres recibieron sentencia condenatoria y 15 más están en espera de una sentencia, así se dio a conocer durante el foro “Realidades entorno al aborto legal y seguro como un Derecho Humano”, realizado el 20 de agosto en el Congreso de Puebla.
Integrantes de la “Campaña por el Acceso un Aborto Legal y Seguro” organizaron este foro por petición de la Comisión de Procuración de Justicia del Congreso de Puebla quien se encuentra analizando iniciativas que buscan despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación en la entidad.
Para evitar la criminalización de las mujeres que deciden interrumpir sus embarazos, la diputada Rocío García Olmedo presentó el 17 de mayo dos iniciativas de reforma al Código Penal y la Ley de Salud del estado de Puebla.
Las propuestas se centran en que el aborto no se penalice en el Código estatal y que las mujeres que decidan realizarlo después de las 12 semanas de gestación hagan trabajo comunitario o tengan sanciones económicas, en lugar de ser privadas de su libertad.
También que se retiren las atenuantes de: no tener mala fama, haber logrado ocultar el embarazo y cuando no sea producto del matrimonio.
En cuanto a la Ley de Salud, en las iniciativas legislativas se incluye un capítulo para que en los centros de salud, clínicas y hospitales estatales se garantice el acceso a las mujeres a una interrupción legal del embarazo segura. Esto debido a que hace falta personal capacitado y disponibilidad de los medicamentos necesarios para abortar.
Si bien la iniciativa fue aprobada en las Comisiones de Igualdad y Derechos Humanos del Congreso de Puebla, la Comisión de Procuración de Justicia pidió la realización de foros con expertas y expertos. En este, participaron integrantes de las organizaciones especializadas en derechos sexuales y reproductivos, Católicas por el Derecho a Decidir; Equidad de Género, Ciudadanía Trabajo y Familia; IPAS México, y del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).
Del área de incidencia en política pública de GIRE, Rebeca Lorea, explicó que debido a que cada entidad federativa tiene distintas causales para una interrupción legal del embarazo, dependiendo en donde se encuentren las mujeres tienen más o menos derechos.
Las causales que existen actualmente en el país son:
· Que sea producto de una violación (todos los estados)
· Exista riesgo de muerte para la mujer
· El producto tenga alguna malformación congénita grave
· Se trate de un aborto imprudencial o accidental
· Sea producto de una inseminación artificial no consentida
· Esté en riesgo la salud de la mujer
· Exista una economía precaria
· Por libre decisión (sólo en la Ciudad de México)
La abogada dijo que para evitar la discriminación de las mujeres, ya que no tienen los mismos derechos en todo el país, deben homologarse todas las causales en los estados y así evitar la criminalización de las mujeres, que ha llevado a que exista una denuncia al día por el delito de aborto.
Por su parte la ginecóloga Claudia Martínez, de IPAS México, sostuvo que en un país donde la educación sexual es nula, existe desconocimiento de los métodos anticonceptivos y hay fallas en el uso correcto de los mismos.
Mencionó que se vuelve urgente que el sistema de salud público destine los recursos necesarios para realizar abortos de forma segura, sobre todo en las mujeres jóvenes, quienes tienen cinco veces más riesgo de muerte cuando llevan a término un embarazo.
La doctora con especialidad en ginecología y obstetricia explicó que un aborto es 12 por ciento más seguro y barato que parir o someterse a una cesárea. Además de que hay un 95 por ciento de efectividad con medicamentos y son mucho menos invasivos.
ABORTO NO ES NEGATIVO
Para Adriana López, de Católicas por el Derecho a Decidir, es importante que el Estado mexicano respete el principio de laicidad, en el cual los instrumentos jurídicos y políticos están al servicio de los Derechos Humanos y el interés público, no así de alguna filosofía o religión.
Porque de lo contrario las posturas antiderechos, fomentadas desde grupos cristianos, impiden que las mujeres ejerzan de manera plena sus derechos sexuales y reproductivos.
La doctora de la organización Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, Patricia López, comentó que no existe evidencia alguna sobre un trauma postaborto, ya que en la mayoría de las veces las mujeres no lo consideran una experiencia negativa y para ellas sería más difícil seguir con un embarazo no deseado. Lo que sí genera en las mujeres depresión es el estigma social que se les impone y la violencia sexual de la podrían ser víctimas, dijo.
Finalmente, las especialistas exigieron a los gobiernos federal y estatal a contrarrestar la información que difunden los grupos antiderechos, con datos científicos y comprobables, para cambiar el estigma del aborto y que se piense como un momento más de la vida reproductiva de las mujeres.
