- El informe precisa que 221 de los expedientes fueron iniciados a petición de las personas afectadas y tres de oficio
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL) contabilizó 224 expedientes de queja relacionados con posibles actos de tortura entre enero de 2020 y el 24 de junio de 2026, con un total de 243 personas agraviadas. Los datos forman parte del informe “Tortura. ¿Cómo está Nuevo León?”, elaborado por el organismo para revisar la atención brindada a estos casos.
Del total de señalamientos contra instituciones estatales, Fuerza Civil concentra la mayor cantidad, con 87 casos, seguida por la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), con 83, y la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, con siete. Las autoridades municipales acumularon otros 59 señalamientos, distribuidos entre 19 corporaciones. Entre ellas destacan las secretarías de Seguridad de Escobedo y Guadalupe, con nueve denuncias cada una.
El informe precisa que 221 de los expedientes fueron iniciados a petición de las personas afectadas y tres de oficio. La CEDHNL señaló que el registro de una queja no significa que la tortura haya sido acreditada, debido a que cada expediente requiere una investigación individual. También explicó que las variaciones en las cifras anuales pueden obedecer a factores como el acceso a los mecanismos de denuncia, las prácticas de registro y una eventual modificación de la clasificación de los hechos durante las indagatorias.
Las personas privadas de la libertad representan uno de los principales grupos involucrados en los registros. El organismo reportó 127 expedientes correspondientes a personas en centros penitenciarios, además de 60 casos de víctimas de delito, 35 mujeres, 19 personas privadas de la libertad y 14 menores de edad. Por sexo, 204 de las víctimas registradas son hombres, 38 mujeres y en un caso no fue posible identificarlo.
La CEDHNL indicó que la sistematización de los expedientes permite identificar posibles contextos de riesgo y orientar acciones de supervisión, capacitación y prevención. El documento también plantea que el seguimiento de las quejas puede contribuir al diseño de medidas para evitar la repetición de conductas que vulneren los derechos humanos.
