El gobierno de México y la República de Corea han consolidado una alianza estratégica orientada al fortalecimiento institucional. La reciente visita oficial del presidente coreano, Lee Jae-myung, celebrada del 23 al 26 de septiembre de 2026, culminó con un encuentro con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo, que impulsó formalmente la cooperación en materia de integridad pública y prevención de la corrupción.
En el marco de esta gira presidencial, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de México y la Comisión Anticorrupción y de Derechos Civiles de Corea suscribieron un memorándum de entendimiento. Este documento establece las bases para colaborar en transparencia, mejora de la gestión pública, responsabilidad compartida y el diseño de políticas anticorrupción más robustas.
Esta firma da continuidad a un historial de intercambio técnico entre ambas naciones. Entre 2024 y 2026, la dependencia mexicana formó parte del Programa de Fortalecimiento de Capacidades en Compras Públicas del Servicio de Compras Públicas de Corea. Asimismo, en 2025, México gestionó ante el Banco Interamericano de Desarrollo asistencia técnica regional, respaldada por fondos coreanos, para la profesionalización y capacitación del servicio público.
Los esfuerzos bilaterales se mantuvieron firmes a lo largo de 2026 mediante encuentros de alto nivel. Destacan la reunión del 3 de junio encabezada por el subsecretario de Buen Gobierno, Alejandro Encinas Nájera, y el embajador coreano, Jooil Lee, así como la participación del funcionario mexicano en el Foro de Cooperación Futura entre Corea, América Latina y el Caribe el pasado 10 de junio.
La capacitación especializada ha sido otro pilar de esta relación. A mediados de septiembre de 2026, una comitiva de servidores públicos mexicanos viajó a Corea para especializarse en Building Information Modeling, una herramienta tecnológica financiada por el gobierno coreano para optimizar la gestión de obras de infraestructura.
El recién estructurado Plan de Acción Conjunto México-Corea 2026-2030 proyecta el uso de análisis de datos para identificar riesgos de corrupción, emitir alertas tempranas y prevenir conflictos de interés. A la par del despliegue tecnológico, el plan incluye medir la percepción ciudadana, comunicar resultados con transparencia y fomentar una cultura de la legalidad desde la infancia.
