Natalia Antezana Bosques / @Natalia3_0
(21 de mayo, 2013).- La Corte Constitucional de Guatemala decidió darle otro revés a la justicia de ese país al anular la sentencia de 80 años de cárcel al genocida Efraín Ríos Montt y retroceder el debate hasta el punto en el que se quedó el juicio del ex dictador el 19 de abril.
Los votos de los magistrados se dividieron casi a la mitad, pero eso bastó para la anulación de la sentencia de los generales acusados de genocidio y delitos de lesa humanidad, perpetrados durante la guerra civil guatemalteca de 1960 a 1996.
Tres de los cinco magistrados votaron a favor de la anulación, entre ellos Alejandro Maldonado, quien es muy cercano a la iniciativa privada y militó en el partido de ultra derecha Movimiento de Liberación Nacional.
Otro de estos magistrados es Roberto Molina Barreto, quien formó parte del gobierno de Óscar Berger, fundador del Partido de Avanzada Nacional que tiene una línea ideológica de derecha moderada, muy ligada con el ala empresarial e industrial.
El tercero de los tres votantes para la anulación de la sentencia es Héctor Pérez Aguilera, quien preside la Corte Constitucional del país. Fue el Fiscal General de la Nación en el gobierno de Álvaro Arzú, quien pertenece al partido de extrema derecha Movimiento de Liberación Nacional.
Mauro Chacón y Gloria Porras son los otros dos magistrados que votaron por la no anulación de sentencia, según el diario local PlazaPública.
El juicio retrocedió en el tiempo, puesto que los magistrados deliberaron que no se había estimado una “una petición de recusación planteada por la defensa, como menciona la BBC. Asimismo, este medio señala que los titulares de la sala tercera de apelaciones decidieron inhibirse del caso, por lo que se espera un trámite administrativo para la reunión de los suplentes, lo cual puede retrasar la reanudación del juicio por varios meses.
Sebastián Helguera, investigador sobre Guatemala de Amnistía Internacional, señaló que “El fallo del lunes es un golpe devastador para las víctimas de las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto”.
“Con la sentencia del 10 de mayo, el tribunal había enviado una señal fuerte de que los crímenes contra miles de víctimas mayas no serían tolerados”, explicó Helguera y luego puntualiza que, con esta decisión, “se ha puesto en riesgo la verdad, la justicia y la reparación de Guatemala”.
El 10 de mayo, un fallo de la corte sentenció a Ríos Montt, de 86 años de edad, a 50 años de cárcel por genocidio y otros 30 años por crímenes de lesa humanidad. Esto por ser el responsable de la masacre, ocurrida en el departamento de Quiché, donde el ejército masacró a 1771 indígenas mayas-ixiles y desaparecieron, durante el periódo de la guerra, 45 mil personas.
La sentencia, ahora anulada, había dejado precedente en América Latina, ya que sería “el primer ex mandatario condenado por genocidio”.
La sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales claman justicia por el genocidio: “”Nosotros no entendemos con detalle este proceder, nadie salió a explicarnos claramente lo que pasó. Creemos que esta es una burla más a nosotros como familiares de las víctimas y también al pueblo guatemalteco”, explicó Blanca Hernández, miembro de Junta Directiva de Famdegua (Asociación de Familiares de Desaparecidos de Guatemala), al diario El Colombiano.
Por su parte, Héctor Reyes, querellante del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos, informó que no se vio un fallo justo “porque el debate ya se había terminado, ya hay una sentencia y a nosotros nos están corriendo los 10 días que nos da el Código Procesal Penal para presentar apelaciones, si las hubiese”, explicó.
Según datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el régimen de facto del genocida dejó aproximadamente 200 mil muertos y desaparecidos durante su mandato.
