La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad el anteproyecto de financiamiento público federal para 2027, año en que se renovará la Cámara de Diputados. El monto total avalado asciende a 10 mil 842 millones 653 mil 927 pesos, cifra calculada con base en un padrón electoral de 103.3 millones de ciudadanos y el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). El documento será turnado al Consejo General del organismo para su votación definitiva.
La bolsa presupuestal se distribuye principalmente en dos rubros: 7 mil 879 millones de pesos para actividades ordinarias permanentes y 2 mil 363 millones de pesos destinados exclusivamente a las campañas electorales de las diputaciones federales. Adicionalmente, las candidaturas independientes contarán con un fondo conjunto de 47.2 millones de pesos para sus gastos de contienda.
Por fuerza política, la distribución del financiamiento anual y de campaña se asignó de la siguiente manera:
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- Morena: 3,604.8 millones de pesos
- PAN: 1,803.7 millones de pesos
- PRI: 1,372.6 millones de pesos
- Movimiento Ciudadano: 1,354.6 millones de pesos
- PVEM: 1,167.1 millones de pesos
- PT: 946.4 millones de pesos
- Paz (Nuevo registro): 157.5 millones de pesos
- Somos México (Nuevo registro): 157.5 millones de pesos
La inclusión de los partidos de reciente creación, Paz y Somos México, generó debate en el seno de la comisión debido a la brecha presupuestal frente a las fuerzas tradicionales. Mientras que las representaciones de los nuevos partidos calificaron el esquema como «desproporcionado e inequitativo», el consejero Uuc-kib Espadas defendió la legalidad del modelo argumentando que la distribución debe ser desigual para reconocer el arraigo social y la trayectoria en las urnas de las opciones políticas consolidadas.
Con estos recursos, los partidos enfrentarán un proceso electoral donde, además de los 500 escaños federales, se disputarán de manera concurrente 17 gubernaturas, congresos locales y más de mil ayuntamientos en el país. Por ley, cada fuerza política deberá etiquetar obligatoriamente el 3% de su gasto ordinario para la capacitación y promoción del liderazgo político de las mujeres.









