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Los reos en libertad condicional por pandemia de coronavirus, tendrán que usar brazalete de localización

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Mil 835 reos que  abandonaron las cárceles del centro del país, bajo libertad condicional debido a la pandemia de COVID-19 estarán obligados a portar un brazalete electrónico para su localización.  

En el Estado de México, este miércoles 29 reos, recluidos por delitos leves, recibieron su libertad condicional, como parte de la política de excarcelación, que busca descongestionar los penales durante la pandemia de coronavirus. 

Estas liberaciones se suman a otras 59 registradas la semana pasada y se analiza que en las próximas semanas queden libres hasta 248 convictos. 

Estas medidas se adoptarán en todo el país y se estima que más de 3 mil personas sean liberadas durante los próximos días.

De acuerdo con autoridades mexiquenses esta política obedece a “razones humanitarias” y el propósito es “asegurar el bienestar de quienes se encuentran en mayor riesgo de vulnerabilidad” frente al COVID-19. 

Este beneficio será otorgados a quienes cometieron delitos leves y tienen edad avanzada, son enfermos terminales, pacientes psiquiátricos, mujeres embarazadas o mujeres con hijos.

Cabe señalar que el Estado de México cuenta con 23 penales, siendo la región del país con más cárceles, seguido de la CDMX, que tiene 19 presiones y también ha otorgado la libertad a  78 personas vulnerables.

Por cuestiones humanitarias la capital también analiza liberar hasta 800  reclusos, asimismo el estado de Coahuila estudia la posibilidad de otorgar libertad condicional 

En México existen 19 prisiones federales de alta seguridad con las cuales congregan alrededor de 17 mil reclusos, además hay 309 cárceles estatales con al menos 176 mil encarcelados y en la mayoría de ellas, se registran problemas de hacinamiento y hay algunas que han ta tienen casos de COVID-19.

Por lo cual el pasado lunes, el Senado mexicano discutió y aprobó una ley de amnistía propuesta por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con el fin de liberar a unas 6 mil personas condenadas por delitos sin violencia, como aborto, pequeños robos o posesión de drogas.

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