La Fiscalía General de la República obtuvo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa contra 15 adultos y el internamiento preventivo de un menor de edad, presuntos integrantes de una célula criminal que opera en el estado de Guerrero.
Esta resolución judicial se derivó de un operativo conjunto coordinado por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, en el cual elementos federales detuvieron a los implicados hace unos días en el municipio de Acapulco, asegurándoles un arsenal compuesto por armas de fuego, cartuchos y cargadores de uso exclusivo militar.
Durante la audiencia inicial, un juez de control calificó de legal la detención de los 15 adultos, identificados de forma preliminar como Ángel, Rodolfo, Teodoro, José Luis, José Manuel, Francisco, Pablo, Daniel, Hermenegildo, Celestino, José Alberto, José Jesús, Yaveny, Kenia y Verónica.
Acto seguido, el agente del Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, formuló la imputación formal por los delitos de acopio y portación de armas de fuego, así como por la posesión de cargadores y cartuchos reservados para las fuerzas armadas.
Por su parte, la defensa jurídica de los imputados solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que la situación jurídica definitiva de los detenidos se resolverá en la continuación de la audiencia. En tanto se reanuda el proceso, el juzgador ordenó que los 15 adultos permanezcan recluidos bajo prisión preventiva dentro del Centro Regional de Reinserción Social ubicado en Chilpancingo, Guerrero.
En un procedimiento paralelo, un juez especializado en justicia penal para adolescentes evaluó el caso de la persona menor de edad capturada en la misma acción policial.
Tras declarar legal su captura, la autoridad judicial le impuso la medida de internamiento preventivo y ordenó desglosar la carpeta de investigación para remitirla a la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas, con el fin de que determine lo conducente en el ámbito de su competencia.
De acuerdo con el marco legal vigente, todos los señalados se presumen inocentes hasta que una autoridad judicial emita una sentencia condenatoria.
