Valentina Pérez Botero / @vpbotero3_0
(31 de julio, 2013).- Un cartel en la mitad de la calle enfatiza “Piedras [Tolima, Colombia] vale más que todo el oro del mundo”; la leyenda se inscribe después de la consulta popular en la que 99.2 por ciento de la población dijo que no desea el proyecto de minería que el Estado colombiano ya calificó como una de las 40 obras de interés nacional.
A pesar de la casi unánime negativa, la consulta podría ser invalidad ya que, supuestamente, el alcalde de Piedras no tenía potestad para realizarla y el resultado no tiene ninguna repercusión legal. Todos los recursos naturales, de acuerdo con la Constitución, son y están bajo la jurisdicción del Estado, lo que significa que el proyecto de AngloGold Ashanti podría convertirse en una realidad.
El municipio colombiano famoso por su prosperidad petrolera ha estado en la mira de las compañías mineras trasnacionales por sus cuantiosas reservas de oro: se calcula la extracción de 50 toneladas del metal precioso al año.
La disyuntiva que se presenta en Piedras, Tolima, es sólo uno de los muchos ejemplos de los debates a los que se ha sometido el país sudamericano desde que un descenso en la violencia regresó sus yacimientos a los radares de la explotación minera. La disyuntiva está en el agua, los recursos medio ambientales y los derechos humanos.
Para quienes se oponen al proyecto minero, las consideraciones son el desmesurado consumo de agua que requiere la explotación de oro –mil litros de agua por segundo–, las precarias condiciones de trabajo –bajos salarios, pocas prestaciones y el desgaste de la salud–, y el deterioro ambiental.
Piedras dijo “No”. El reto del gobierno será respetar la decisión de la ciudadanía sobre un cálculo económico.
