En la actualidad, queda claro que el empresario Claudio X. González es el principal líder de la derecha partidista. Los dirigentes nacionales del PRI y PAN, junto a su rémora PRD (que acaba de perder el registro en 15 estados en un franco proceso de declive) están completamente subordinados a las directrices del dueño de la papelera Kimberly-Clark.
El protagonismo político de X. González contrasta con la manera en que su padre operaba desde las sombras como líder del entonces Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, la élite de la élite del sector empresarial en México. Dicho protagonismo político, es la evidencia más clara de que los partidos de derecha no funcionan, y por ello, el principal operador político de la cúpula empresarial que floreció durante el neoliberalismo, ha decidido asumir las riendas del bloque opositor. El PRI y el PAN se acostumbraron durante tanto tiempo a ganar elecciones a través de la inyección ilegal de dinero a las campañas, que perdieron su vínculo con los sectores sociales que decían representar. Con el cambio en el tablero de las prerrogativas a partir de 2018, estos partidos, desfondados, no les ha quedado más remedio que ponerse al servicio de las cúpulas empresariales, sin necesidad de disimular, como ocurría en antaño.
Esto explica en buena medida el escándalo que se suscitó luego de que Claudio X. González manifestara en un polémico tuit, sus anhelos de ajustar cuentas y cobrar venganza en el hipotético caso de que la derecha regrese a la Presidencia de la República.
“La llamada 4T, una gran farsa, acabará mal, muy mal. Hay que tomar nota de todos aquellos que, por acción o por omisión, alentaron las acciones y hechos de la actual administración y lastimaron a México. Que no se olvide quien se puso del lado del autoritarismo populista y destructor”, manifestó el empresario el pasado 22 de octubre.
El mensaje en tono de amenaza, y con la intención de redactar una especie de “lista negra” para cobrar en el futuro los agravios del presente, evidencia el carácter revanchista del bloque opositor. Algo paradójico, debido a que este es uno de los principales señalamientos que suelen hacer en contra del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador. Este tipo de actitudes permiten desmontar la farsa. La derecha mexicana se asume como demócrata si y sólo si ellos son los que terminan imponiéndose tras las elecciones. Todo lo demás es calificado de “populismo”. Esta incapacidad de asimilar la derrota con un mínimo de civilidad es evidente en el Congreso, donde las bancadas panistas han exhibido un comportamiento deplorable de gritos, berrinches y pataleos, que en últimas fechas incluyó también una pancarta a manera de lápida, como anhelando la muerte del actual secretario de Salud, Jorge Alcocer, durante una comparecencia en la Cámara de Diputados. Un acto de barbarie ajeno a toda civilidad democrática.
La sugerencia de crear una lista negra, hecha por Claudio X. González, forma parte de estas reacciones de furia, tan viscerales, del bloque conservador. Un enojo que es entendible si tomamos en cuenta, la manera en que el actual gobierno de López Obrador ha golpeado de manera frontal los privilegios del magnate y líder opositor.
En primer lugar, a tan sólo días de asumir el cargo, López Obrador echó abajo la reforma educativa impulsada por la organización Mexicanos Primero, de Claudio X. González, quien durante años colaboró de cerca con el prianismo para controlar el sector educativo.
En fechas más recientes, octubre de 2021, el Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentaron una miscelánea fiscal que incluye restricciones para que grandes millonarios pudieran deducir grandes cantidades de impuestos a través de donativos hechos a sus propias fundaciones, muchas de las cuales, son usadas como instrumentos de propaganda política con fines electorales.
Raquel Buenrostro, jefa del SAT, informó las restricciones para donar impuestos sólo aplicarían para siete personas, de la misma familia, que se han dedicado a traspasar dinero a sus fundaciones mediante este esquema. Dichas personas deducen entre 130 y 350 millones de pesos al año, que van a sus fundaciones familiares. Muchas de estas donaciones, son en realidad un esquema de simulación y falsa filantropía con fines político-electorales.
Aunque se desconoce el nombre de las siete personas, este tipo de medidas, aunado al combate contra las empresas factureras, atenta contra los intereses de un sector importante de las élites empresariales, las cuales pretenden seguir financiando el golpismo político mediante la deducción de impuestos, entregando grandes cantidades de dinero a sus think tanks, que cuentan con una fuerte repercusión mediática con el fin de posicionar su agenda en términos de políticas públicas.
De ahí que al presentarse la miscelánea fiscal, muchos representantes de estas élites, vinculados con organizaciones de la llamada “sociedad civil” pegaron el grito en el cielo al saberse amenazadas por algunas restricciones en los donativos entregados a organizaciones no gubernamentales. Sin embargo, la pertinente actuación de Buenrostro, conocida en algunos círculos como la Dama de Hierro de la 4T, permitió atajar la polémica y disipar las críticas.
Un episodio que muestra cómo es que el bloque opositor, lejos de emprender un proceso de autocrítica para su propio beneficio, está dispuesta a aferrarse a cualquier cosa o cualquier tema, con tal de mantener su poco efectiva estrategia de desgaste y golpeteo político.
