Es cierto, Ken Salazar, embajador de los Estados Unidos en México, tiene una estrecha relación con las petroleras texanas. Fue cabildero de Shell un tiempo, donde nunca tuvo problema con el fracking y mostró un pésimo desempeño vigilando y castigando a British Petroleum cuando ésta provocó, negligentemente, uno de los mayores desastres ambientales por el colapso de su plataforma petrolera Deepwater Horizon en el Golfo de México. Hipócrita e inconsistente como persona y funcionario, no se le debe regatear que hoy hace su trabajo: proteger los intereses de su país y las empresas estadounidenses en México.
Cuando, en 2018, Estados Unidos colocó de la noche a la mañana un impuesto del 25 por ciento al acero y 10 por ciento al aluminio provenientes de la Unión Europea, México y Canadá, Gerónimo Gutiérrez declaró: “México confía, tendremos una solución o un asunto muy claro de dónde vendrá la solución”. En aquel entonces era el embajador de México en Estados Unidos y el epítome del funcionario del viejo régimen: graduado del ITAM y de Harvard, pasó por Hacienda, Gobernación y Relaciones Exteriores; fue parte del equipo de transición de Vicente Fox y no tuvo problemas para conseguir un lugar privilegiado en el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Tres años después, Gutiérrez terminó su carrera pública para trabajar en Covington, una firma de relaciones gubernamentales que representa a empresas estadounidenses de energía en litigios internacionales y las asesora en marcos regulatorios de los países donde operan. No hace falta mucha imaginación para saber cuál es ahora el trabajo de Gerónimo Gutiérrez en el contexto de la iniciativa constitucional en materia eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Por su parte, la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero (CANACERO), que agrupa empresas como Altos Hornos de México y la argentina Ternium, le solicitó en esas fechas al Gobierno de México línea dura y una política “espejo”, colocando impuestos a la importación, en el mismo porcentaje, a productos que provinieran de los Estados Unidos.
Para los que no sabían, la industria del acero es la que más energía eléctrica utiliza para sus procesos productivos en México; por ello, fue también la CANACERO una de las grandes promotoras de la reforma energética de Peña Nieto en 2013. El presidente de la Cámara era Alonso Ancira, el mismo que acaba de salir del Reclusorio Norte después de que un juez ordenara un acuerdo reparatorio por más de 215 millones de dólares, por una planta que Emilio Lozoya, entonces director de Pemex, le compró en sobreprecio.
En conferencia mañanera, el presidente López Obrador dijo que discutir la reforma eléctrica no se encuentra entre los planes de la Cumbre de Líderes de América del Norte —con miras a celebrarse en los próximos días— pero, que de ser necesario, él está más que dispuesto a aclarar que ésta tiene como fin último terminar con los abusos de las grandes empresas privadas.
Los críticos de la reforma eléctrica del presidente López Obrador están por todas partes, los intereses económicos son enormes. Por eso no es raro tener a personajes aparentemente tan distintos —como el embajador Salazar, el cabildero Gerónimo Gutiérrez y el delincuente Alonso Ancira— en la misma canasta, oponiéndose al rescate de la industria eléctrica nacional.
