Transcurrida ya más de una semana de la boda de Santiago Nieto, el ahora ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con la consejera del INE, Carla Humphrey, es muy difícil que haya alguien que no esté enterado de los detalles del acontecimiento y de sus consecuencias políticas provocadas en diversos ámbitos, principalmente la destitución o renuncia del desposado.
A mí siempre me causó reserva su designación y su actuación, quizá prejuiciosamente por sus orígenes políticos, y por otras razones que no procesé en principio pero que fueron adquiriendo forma con el tiempo y me impidieron sentir el entusiasmo casi fanático que el individuo desataba en algunas personas. Pese a ello, confié en el criterio del presidente y reconozco que, en cierta medida, su excesivo protagonismo en el cargo que ocupaba -tan caro a las redes sociales y a los medios por la espectacularidad con la que difundía algunas de las acciones correspondientes a sus atribuciones y obligaciones-, así como su presencia constante en los espacios de comunicación, sirvió para abonar positivamente a la imagen pública del gobierno de la 4T percibida por cierta parte de la población.
Ese protagonismo mediático que cultivó desde el principio de su nombramiento no sólo se limitó a la incesante difusión de sus tareas que podrían resultar más espectaculares al público, a saber, la congelación de cuentas, sino que también muchas veces estos anuncios fueron acompañados de reproches velados o explícitos a las actuaciones de la Fiscalía General de la República, los cuales eran retomados, reverberados y exagerados por los medios para insertar la narrativa de la supuesta ineficacia de la procuración de justicia en general y, específicamente, del fiscal Alejandro Gertz Manero, quien, hay que reconocer, carece de las habilidades de relaciones públicas que le sobraban al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Santiago Nieto pasaba por alto, convenenciera o inadvertidamente, que ambas instancias y todas las demás que integran el complejo sistema dedicado al combate a la corrupción (como la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Fiscal de la Federación, la Procuraduría Fiscal, etc.) no se desempeñan aisladamente, deben respetar los derechos y libertades de los ciudadanos -dado que ya no nos encontramos en un régimen autoritario-, así como el andamiaje jurídico vigente armado por los gobiernos pripanistas (que urge reformar) y las decisiones del poder judicial. Al funcionario se le olvidaba, y a los medios tampoco les importaba, difundir la ya no tan “sexy” fase posterior a la congelación de cuentas: su descongelación muy frecuente -que habría podido conducir a que se le achacara el mote de “florero”- en virtud de un procedimiento administrativo existente en la misma Unidad de Inteligencia Financiera o de los recursos interpuestos por los afectados y otorgados por los jueces. Porque sí, los actos de esta dependencia, al igual que sucede con la Fiscalía General de la República, están sujetos a los fallos judiciales. Estas limitaciones de la dependencia no se consideraban; tampoco el hecho de que representa sólo un engranaje más en la maquinaria dirigida a combatir la corrupción. Ni la UIF ni su titular son entes autónomos poderosos como podría inferirse a partir de la imagen que se trató de inducir, sino que requieren sincronización, armonía con todas las demás instancias del poder ejecutivo, legislativo y judicial. Proclamarse como el único actor responsable y eficiente en este cometido, sin tomar en cuenta la indispensable labor de equipo que se necesita, denostando o ninguneando los esfuerzos de las otras instancias implicadas, no sólo es mezquino y contrario a los principios administrativos elementales, sino que está muy lejos de ayudar a cumplir con el objetivo de desmantelar el sistema corrupto que ha imperado durante años. El arribo de Pablo Gómez como sustituto de Santiago Nieto, representa un giro refrescante para corregir esta desarmonía. Sus declaraciones al respecto así lo hacen esperar.
Por otra parte, ya desde hace tiempo se venía evidenciando el exagerado cuidado de las formas con gente de la oposición dada la cercanía de Santiago Nieto con panistas como Gil Zuarth o Javier Corral. El mismo extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera admitió un encuentro con Corral por motivos bastante suspicaces en asuntos muy delicados.
A esto se añade ahora de forma bastante escandalosa el enlace matrimonial que adquirió tanta relevancia pública debido a las circunstancias que confluyeron. Lo primero que a más de uno hizo levantar la ceja fue la novia, Carla Humphrey, casada anteriormente con Roberto Gil Zuarth, y quien, en distintas declaraciones y conductas como consejera del INE, dio muestras de sus afinidades y sesgos políticos e ideológicos en contra de la 4T y a favor de la oposición. Sin embargo, esto no pareció afectar (o tal vez, ¿sí?) de manera importante el ánimo y la confianza del presidente hacia Santiago Nieto. Al menos, no públicamente. Pero la celebración de la boda, el lugar, la presunta secrecía, la lista de invitados, fueron la cereza del pastel envenenado que se venía cocinando.
El entonces titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, en una participación dentro de la conferencia matutina de AMLO, relató un esquema de lavado de dinero que tiene lugar mediante la introducción de efectivo en Centroamérica, en Guatemala. Y es precisamente en ese país donde se le ocurre realizar la ceremonia nupcial y en donde a uno de sus prominentes invitados, Juan Francisco Ealy Ortiz, propietario de El Universal, se le incautan 35 mil dólares en efectivo no declarados repartidos en sobres blancos con fajos de 50 billetes de 100 dólares. Esta coincidencia parecería una broma macabra o el capítulo de una absurda comedia de situación. Un agravio más a la dependencia encabezada por el novio, al gobierno de la 4T que depositó en él su confianza para combatir los actos corruptos trátese de quien se trate, al presidente de la República (no hay que olvidar que El Universal es uno de los periódicos que se ha consagrado a golpear políticamente los esfuerzos del mandatario mediante su constante difusión de noticias falsas) y al país que, después de haber sufrido durante años la dañina promiscuidad de los actores políticos con el poderoso sector económico, exige su separación tajante.
¿Qué credibilidad puede haber en la labor de investigación de lavado de dinero, cuando uno de los asistentes a la boda del responsable de la instancia encargada parece estar involucrado en uno de los esquemas denunciados públicamente que se usan para cometer este delito?
En este catálogo de agravios, no puede omitirse que el presidente fue invitado a esa boda. ¿Qué pretendía Santiago Nieto? ¿Se trataba de una mera formalidad porque estaba seguro de que no iba a asistir? ¿No quería que fuera? ¿O deseaba que departiera muy alegremente con personas como Josefina Vázquez Mota o el mismo Ealy Ortiz para que después los medios utilizaran esta situación a fin de golpear a AMLO y, lo más importante, al proyecto de la 4T? O, por el contrario, ¿su intención era que pasara un mal rato con esta clase de invitados? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué se caso en ese lugar, con esos invitados a los que solicitó confidencialidad? Algunos señalan que la boda se celebró en Antigua, Guatemala, por motivos sentimentales de alguno de los novios. Aunque así fuera, con todo lo que está en juego, por la función que desempeñaba, estos motivos sentimentales no pueden ser validados. Suenan a excusa torpe.
Más allá de las intrigas palaciegas que se están fraguando en torno a las candidaturas presidenciales para 2024 y que ahora se están vinculando con esta boda, así como de las consecuencias políticas para Santiago Nieto, la fulgurante estrella de la política que desarrolló un incomprensible culto a su personalidad, hay interrogantes que inevitablemente surgen a raíz de todo este sainete:
– ¿Fue tal su soberbia que lo llevó a comportarse tan tontamente creyendo que no iba a haber consecuencias a pesar de la mezcla de todos estos ingredientes tóxicos?
– ¿Se trató de un acto calculado, premeditado, porque ya deseaba ser relevado de su cargo y volcarse plenamente a sus afinidades ideológicas?
– ¿O simplemente el inteligentísimo zar anticorrupción no pensó, no previó lo que iba a suceder?
Muy probablemente estas son preguntas que nunca obtendrán respuesta.
