La aprobación del presupuesto de 2022 en México, reavivó el debate sobre la manera en que el Instituto Nacional Electoral ejerce los recursos públicos como parte de un sistema político oneroso y con pocos resultados.
Con el antecedente del fraude de 2006 que debilitó a las instituciones electorales, en 2012 se presentó un nuevo fraude electoral que terminó imponiendo a Enrique Peña Nieto como presidente de México, tras una evidente y grotesca inyección de recursos ilícitos a las campañas. Esto provocó que, como parte del famoso Pacto por México firmado por PRI, PAN y PRD, impulsaran la reforma política de 2014. Con dicha reforma, el entonces Instituto Federal Electoral se convirtió en INE, con el argumento de que se necesitaba un organismo electoral centralizado y con mayores atribuciones para impedir que los gobernadores impusieran a sus sucesores mediante grandes cantidades de dinero.
Lo que ocurrió después, evidencia el fracaso del INE a la hora de impedir que los gobernadores y los poderes fácticos impusieran su voluntad mediante esquemas fraudulentos. El PRI orquestó en 2016 una gran operación de desvío de recursos públicos con fines electorales que quedaron en evidencia con la llamada Operación Safiro, caso que nunca se investigó a fondo a pesar de que se desviaron 650 millones de pesos a empresas fantasma para campañas electorales en siete estados (Chihuahua, Durango, Sonora, Morelos, Colima, Estado de México y Ciudad de México). Ni el INE ni el Tribunal Electoral, ni tampoco las fiscalías especializadas en delitos electorales hicieron algo efectivo para indagar un caso paradigmático de cómo se robaban las elecciones durante el régimen neoliberal.
Algo similar ocurrió en 2017, con la elección a la gubernatura del Estado de México, donde se vivió una auténtica elección de Estado, con el gobierno federal operando públicamente a favor del PRI, sin que el INE hiciera absolutamente nada para impedirlo. Algo similar ocurrió en Coahuila, ese mismo año, y posteriormente en Puebla, durante las elecciones de 2018. En ninguna de esas polémicas elecciones, el INE metió las manos.
A partir de 2018, con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones presidenciales, inició un continuo golpeteo político entre las cúpulas del INE y el nuevo gobierno, mismo que se intensificó en las intermedias de 2021. Una vez más, el INE dejó mucho que desear al juzgar casos similares con diferentes criterios, a favor del bloque opositor, como ocurrió con las candidaturas de Morena en Guerrero y Michoacán. El mismo consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, reconoció que el órgano electoral aplicaba la ley “dependiendo de las circunstancias”.
Tras los resultados electorales, López Obrador amagó con una nueva reforma política y envió un proyecto de presupuesto que la Cámara de Diputados recortó en casi 4,913 millones de pesos al presupuesto del INE. Un hecho que provocó que Lorenzo Córdova amenazara con tomar medidas legales para protestar por dicho recorte, aún cuando la Cámara de Diputados es el organismo facultado para tomar decisiones presupuestales.
Si bien es cierto que el recorte puede ser excesivo, sobre todo tomando en cuenta que el próximo año muy probablemente el INE tendrá que organizar la consulta para la Revocación de mandato propuesta por López Obrador, también es cierto que la burocracia dorada al interior del órgano electoral, ha generado reacciones adversas. Asimismo, es pertinente recordar que a diferencia de 2021 cuando se organizaron elecciones en 15 estados y federales, en 2022 únicamente se celebrarán comicios en 6 estados. Algo que dará al INE cierto margen de maniobra para apretarse el cinturón para sortear con las adversidades.
De este modo, me parece que es preciso ir más allá de la coyuntura actual y hacer una revisión estructural del INE, organismo que si bien ha representado un avance democrático para México, está muy lejos de ser el garante de la democracia que señala la oposición. Sería grave desaparecer un órgano autónomo encargado de organizar las elecciones. Pero también sería grave, dejarlo intacto, como si la institución no hubiera quedado a deber en el pasado.
Todo lo anterior lleva a pensar que el INE debería asumir un papel institucional, de auténtico órgano al servicio del Estado, en lugar de un actor político, convertido en un bastión del bloque opositor. Sería peligroso llegar a la sucesión presidencial de 2024 con un INE tan cuestionado como el actual.
