En lo que va de este mes, se han dado a conocer dos indicadores muy relevantes para el país: el aumento en los salarios mínimos (del 22 por ciento para el año 2022) y el dato de inflación (7.37 por ciento anual). No es de sorprender que el segundo indicador fuera el más mencionado en los análisis de los economistas neoliberales por las alarmas que les despierta cualquier variable relacionada con lo que consideran estabilidad económica. Concepto que más que se entendido como un bien social y colectivo, para los economistas con formación marginalista, se trata de un objetivo abstracto, el cual, dicho sea de paso, durante más de tres décadas tuvo como base el sacrificio de los trabajadores y del pueblo en general.
La explicación se encuentra en el origen mismo del patrón de acumulación neoliberal, que comienza a implementarse en el país en la década de los 80 como respuesta a lo que se conoce como la crisis de la deuda. De ahí que esta estrategia tuviera como propósito la generación de excedentes comerciales dirigidos a hacer frente al pago y servicio de la deuda. Excedentes que, a decir de los economistas neoliberales, únicamente se lograrían con la aplicación de políticas dirigidas a aumentar las exportaciones y la entrada de inversión extranjera directa. Es decir, de colocar a los capitalistas trasnacionales en el papel protagónico de la nueva dirección que se asumiría en el país. Por eso no es de extrañar la presión que se ejerció por parte de instituciones internacionales para que se aplicaran programas de estabilización económica y ajustes estructurales, dirigidos a privatizar las empresas del Estado (bajo el falso argumento de “ineficiencia”), a la eliminación del ejercicio de regulación de entrada de capitales, y a la implementación de políticas de flexibilización laboral.
Como parte de estas transformaciones, se hicieron diversos cambios en la legislación mexicana, entre los que destacan la derogación del párrafo quinto del artículo 28 constitucional, con el que se le otorga autonomía al Banco Central. Permitiendo de este modo que la principal autoridad en materia de política monetaria estableciera como objetivo prioritario la procuración de la estabilidad de variables financieras, por encima de la procuración del bienestar económico y social. Y pudiera pronunciarse a favor de darle al sector financiero -mercado de valores- un mayor campo de operación para promover su internacionalización, mediante reglas que impulsaran el mayor flujo de capitales hacia nuestro país, vía eliminación de regulación de inversiones provenientes del exterior, encaminando así la desregulación financiera.
En materia laboral se tienen los pactos de estabilización, dirigidos a perfilar una nueva institucionalidad laboral alrededor de la determinación salarial y las reglas sobre productividad, fuera del marco jurídico del artículo 123 constitucional y fuera de la Ley Federal del Trabajo (LFT) que lo reglamentan. El argumento utilizado por sus impulsores giraba en torno a la inserción del país en una nueva senda de crecimiento económico comandado por la modernización de la planta productiva, vía mayor entrada de inversión extranjera. Sin considerar que con el nuevo aval legal se presentaría el despunte de indicadores como la contratación laboral no escrita y temporal, la disminución de salarios y la reducción en los niveles de sindicalización de los trabajadores. Atentando así en contra de los derechos laborales ganados a lo largo de la lucha de los trabajadores mexicanos, al presionar los salarios reales a la baja y aumentar la demanda de trabajo dispuesto a realizar sus labores en condiciones salariales que en otro contexto serían inaceptables.
Como se puede observar, en ambos casos, las grandes favorecidas con estos cambios legislativos fueron las empresas multinacionales. Por eso no deja de sorprender el impulso que le dieron los representantes de las pequeñas y medianas empresas nacionales, que desde una visión muy estrecha no visualizaron los problemas que traería para el mercado interno, y, con ello, sobre sus márgenes de ganancia. Porque, para garantizar el éxito del modelo neoliberal, se requiere dar condiciones de confianza a los capitales trasnacionales, de ahí que, durante los gobiernos neoliberales, esto se tradujera en la premisa fundamental de su administración.
Lo interesante es que la política cambiaria antiinflacionaria de reducción de los precios de las importaciones en un contexto de apertura externa y rápido elevamiento del coeficiente de importaciones, que comenzó en 1988, hoy comienza a perder vigencia. Esto, ante el oportuno cuestionamiento a la estrategia de apertura comercial y privatización de las funciones del Estado, que permitieron durante al menos tres décadas, que las empresas multinacionales ejercieran las funciones de planificación económica en el país, aun cuando esto implicaba la disolución del Estado social.
