La 4T ha sostenido su compromiso de no aumentar ni crear impuestos, como demostró durante la pandemia y, recientemente, con la aprobación del Paquete Fiscal, el cual es congruente con dicha premisa.
Por mencionar un ejemplo, el congreso local de Tamaulipas —estado donde la mayoría morenista recién se estrenó— aprobó una ley para suspender el cobro por renovación de placas, la cual enfrenta un veto autoritario del gobernador Cabeza de Vaca.
Ahora, en el marco de la discusión por el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP) en la ciudad de Puebla, vale la pena analizar la situación desde una perspectiva nacional y, en especial, acorde a los objetivos de la iniciativa de reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Según la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el DAP es un impuesto disfrazado de “derecho” y no un pago en retribución, pues quien brinda el servicio eléctrico es la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y no los ayuntamientos.
La iniciativa de revivir este cobro, a pesar de lo declarado por la Suprema Corte, salió del Ejecutivo municipal poblano, encabezado por el panista Eduardo Rivera Pérez, con el extraño respaldo del gobernador.
Sin embargo, el diputado local morenista, Iván Herrera Villagómez, denunció que se trata de un evidente robo al bolsillo de las y los poblanos, pues podría costarle a la ciudadanía, por año, 343 millones de pesos.
En sintonía con la SCJN, expresó: “Están disfrazando este nuevo impuesto como un derecho; la 4T está en contra de que se cobren nuevos impuestos, estamos en una situación complicada donde los ciudadanos necesitan comprar arroz, leche, tortillas”.
El dirigente de Morena en el estado, Aristóteles Belmont Cortés, también advirtió que el trabajo de la bancada de Morena en el congreso local será solidarizarse con el pueblo y evitar que la iniciativa proceda.
Por eso, resulta tan extraño que el gobernador Miguel Barbosa —quien cada vez parece más distante de la 4T— se sienta “cómodo” y en momentos hasta respalde la propuesta presentada por un presidente municipal del PAN; la cual, además, va en dirección contraria a la reforma eléctrica de López Obrador y a su compromiso de no cargarle la mano a las y los contribuyentes.
Ya habíamos notado que la Agencia de Energía del Estado de Puebla es sospechosamente cercana a los cabilderos neoliberales que atacan a diario la iniciativa presidencial, e incluso esta institución paga publicidad al portal Energía a Debate, que es fuertemente financiado por los intereses privados para defender la reforma energética de Peña Nieto. ¿Será que están “asesorando” mal al gobernador poblano?
Todos los demás actores relevantes de Morena, como el senador Alejandro Armenta, promotor temprano de una iniciativa sobre nacionalización del litio, que fue integrada en la propuesta presidencial; y el mismo Ignacio Mier Velazco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados federal, son promotores activos de la reforma eléctrica del presidente López Obrador.
Para dejarlo más que claro, Mier dio el banderazo de salida en Puebla a las asambleas populares organizadas por los diputados federales de Morena, las cuales difundirán, a lo largo del país, información sobre la iniciativa de AMLO y la defensa de la soberanía energética.
Con la dirigencia estatal de Morena, su bancada en el congreso local, su senador y el mismísimo coordinador de su bancada federal alineados a los intereses del pueblo que busca defender la reforma eléctrica, se hace evidente que el corto circuito está en el gobernador Miguel Barbosa. La pregunta es: ¿qué provocó que un gobernador emanado de Morena vaya en contrasentido de lo que defiende su partido y por qué se ha volcado a respaldar las propuestas del PAN?
