“Uno de los mayores atentados contra la democracia es el que hacen los poderosos grupos económicos cuando humillan la veracidad de la información con sus intereses comerciales y políticos”.
Luis García Montero
“Es verdad que se ofrece una igualdad ante la ley, falsa por completo dada la injusta distribución mundial de los bienes del planeta entre sus habitantes, desigualdad que no se ha corregido en todos los decenios en que se viene hablando de suprimir la pobreza. También es cierto que el sistema proclama declaraciones democráticas, pero la realidad nos enfrenta con organizaciones oligárquicas que mantienen su poder gracias al dominio de los medios informativos, con la consiguiente manipulación de la opinión pública, además de justificarse con ideologías elaboradas por los intelectuales a su servicio…Y en cuanto a la libertad, basta asomarse a esos mismos medios informativos para tener que preguntarse inmediatamente quiénes son los verdaderos beneficiarios de la misma”.
José Luis Sampedro
El pasado martes 15 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó formalmente, mediante una carta enviada a Blanca Lilia Ibarra Cardena, presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), ordenar que se hagan públicas las percepciones, los bienes y el origen de la riqueza del periodista Carlos Loret de Mola, socios y familiares por considerar que no es ético ni honesto usar fondos privados, obtenidos mediante actos de corrupción, para “desprestigiar y golpear políticamente a nuestro movimiento”. Y en caso, dijo, de que el INAI no tenga la competencia para atender este asunto, se le informe “si puedo, como ciudadano, ejerciendo mi derecho a la libertad de información y expresión, dar a conocer facturas y comprobantes sobre los ingresos del señor Loret de Mola”.
Las críticas, los comentarios burlones o los insultos directos por esta petición no se dejaron esperar. En su noticiero, Carmen Aristegui socarronamente comentó: “Mi reino por ver la cara de la directora del INAI al ver la carta de AMLO”. Quienes se dicen “acosados” por el poder del presidente cuando ejerce su derecho de réplica a las mentiras, tergiversaciones o ataques frontales a él, a su familia, a sus colaboradores y, sobre todo, a su proyecto de nación, reconocen “una verdad sabida y de explorado derecho” como se dice en el argot jurídico: los órganos autónomos creados en el régimen neoliberal pripanista constituyen un gobierno paralelo no electo por el pueblo que puede obstaculizar e, incluso, sabotear las decisiones adoptadas por un presidente legal y legítimo votado democráticamente (y en estos días parecen haberse puesto de acuerdo varios de tales órganos para mostrar la plenitud de su poder, como nos recuerda Azul Alzaga en un artículo: “un INAI que reserva información de grupos de interés, una COFECE y una IFT que promueven monopolios, un INE que bloquea la democracia y silencia a una de las partes” https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2022/2/17/no-es-el-presidente-379547.html).
Ni tarda ni perezosa, el miércoles 16 de febrero, la directora del INAI confirmó que no cuenta con facultades para investigar la riqueza del periodista Carlos Loret de Mola. Resaltó que en caso de considerarse que un comprobante con requisitos fiscales o cualquier otro documento con características similares de una persona identificada o identificable, que se desarrolla en el ámbito privado, contiene información patrimonial, la decisión de hacerla pública es potestad de la persona a quien pertenecen esos datos personales.
En efecto, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública publicada el 4 de mayo de 2015 en el Diario Oficial de la Federación dispone en su artículo 1° que “tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación, las Entidades Federativas y los municipios”.
Como puede observarse, excluye a cualquier otro sujeto sin importar que su poder e influencia sobre la sociedad sea equivalente o mayor que los entes considerados en la legislación siguiendo las conceptualizaciones tradicionales de los teóricos políticos las cuales han sido ya muy rebasados por la realidad histórica y económica:
“Ayer se llamaron faraones/funcionarios/comerciantes/guerreros/ con unos súbditos subyugados. Hoy se llaman corporaciones/políticos a su servicio/industria militar/finanzas con unos ciudadanos subyugados por el encanto del mercado”. (Ramón Reig)
Gracias a las distintas luchas sociales, los medios han conseguido bastante independencia de los poderes políticos, pero no respecto de los poderes económicos. Al contrario. En la actualidad, la banca es acreedora y accionista de medios de comunicación. Busca negocio, pero también (y quizá más) influencia. En la película El ciudadano Kane, esto resulta muy claro. Al narrarse las propiedades del señor Kane, “se habla de bosques, tiendas, sindicatos, astilleros cadenas de periódicos y de radio, etc. Estábamos a finales del siglo XIX e inicios del XX. El capital ya se diversificaba con nitidez y, a la vez, la propiedad se concentraba en menos manos”. (Ramón Reig).
Estas luchas sociales también han desembocado en la consolidación de los derechos humanos como es el derecho a la información, uno de los pilares básicos de cualquier democracia dado que todo ciudadano tiene derecho a comunicar y recibir información veraz y plural. Gracias a él se garantiza la participación de la ciudadanía en el proceso democrático de manera auténticamente libre. El derecho a la información se ejerce, por un lado, comunicando información veraz y, por otro lado, accediendo a los canales y medios de información públicos y privados, a través de los cuales se difunde la información. Así, contempla dos actores: los informadores, es decir, los profesionales dedicados a difundir información de carácter noticiable (por lo general, pero no exclusivamente, los periodistas), y los ciudadanos, que son quienes reciben la información o pueden ir en busca de ella.
A lo largo del tiempo, se ha ido desarrollando “una profesión periodística que, por un lado, ejerce su actividad profesional en una industria y, por otro, asume las funciones que paulatinamente le va depositando la sociedad. A lo largo de años, siglos más bien, la actividad periodística se acrisoló como el principal agente promotor de contenidos en los flujos informativos que conforman la sociedad moderna”. (Javier Galán Gamero)
Sin embargo, este derecho fundamental a la información de los ciudadanos está colisionando con el enorme poder adquirido por los medios de comunicación debido a la necesidad que la sociedad tiene de ellos y el papel que le ha asignado en la vida pública, así como por la dependencia señalada de dichos medios de comunicación a un poder tan abrumador como es el económico.
Desde una época muy temprana, “la sociedad, los poderes sociales, descubrieron el potencial que tiene la prensa como difusora de ideas y como herramienta de crítica de las actuaciones políticas. La expresión ‘cuarto poder’, atribuida al político inglés Edmund Burke, es de finales del siglo XVIII. Se cuenta que, en uno de sus discursos en el parlamento inglés, señalando a la tribuna de la prensa, dijo: ‘Ahí, el cuarto poder’. En sus escritos, se refirió al poder que en aquellos tiempos ya tenía la prensa para promover criterios políticos en la sociedad. Identificó a la prensa como el primer vehículo de difusión de las ideas revolucionarias por Europa: ‘Con treinta cabeceras sólo en París, los periódicos forman parte de lo que todos leen y son lo único que lee la inmensa mayoría. Poca importancia podría tener la obscuridad y lo indigno de los redactores, su efecto era como el de las baterías artilleras cuya eficacia no la da el efecto de cada proyectil, sino la acumulación reiterada de ellos’”. (Javier Galán Gamero)
Como certeramente afirma Jaime López: “El periodismo es un servicio público y administra uno de los recursos más valiosos y poderosos de las sociedades modernas: las noticias. Una noticia puede desencadenar la caída de un funcionario, el retroceso de una medida gubernamental, la huida de inversionistas o que los ciudadanos prefieran quedarse en casa el día de las elecciones. Normalmente en nuestras sociedades la noticia refleja y es entendida como la ‘verdad’ de los hechos. Y de ahí deriva el poder del periodismo y su capacidad de influir e incidir en las conductas y relaciones sociales. El periodismo selecciona qué hechos pueden constituirse en noticia y decide la presentación de la información, optando por un enfoque y asignándole un espacio o tiempo de exposición determinados. En otras palabras, es el periodismo el que moldea y construye la ‘verdad noticiosa, la que debería ser siempre una representación fiel de los hechos”.
Pero, ¿qué sucede “si el consejo de administración de una automotriz multinacional con intereses en otros sectores quiere diversificar su presencia hacia el mundo de los medios de comunicación, en unión con algún banco y otras corporaciones? ¿Qué mensajes se desprenderán de dichos medios? Mensajes favorables a la ideología mercantil, a la estructura de poder que tiene. Esa es su obligación como poder conservador que es. Para ello hablan de que representan la libertad y la democracia, pero los receptores tienen un grave problema si se creen eso. En esa situación están los medios de comunicación más consultados, desde un diario hasta una cadena de televisión porque las corporaciones mediáticas los controlan casi todo, incluyendo los sitios más relevantes de Internet”. (Ramon Reig).
Esta concentración de medios por unos cuantos conglomerados vulnera de manera brutal nuestro derecho a la información, ya que la mayor parte del tiempo sólo podemos ver y escuchar los mensajes y las noticias que les convenga difundir, con una posibilidad muy reducida de contrastarlos con otras perspectivas. La pluralidad de visiones tan necesaria para ampliar nuestro horizonte crítico es casi inexistente.
Gracias a las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López y los debates generados a partir de que se convirtió en casi el único canal con resonancia – aunque no equivalente a la de los grandes medios privados, por lo menos sí mayor que la de otros medios alternativos – para que la gente cuente con otra perspectiva, ha quedado aún más de manifiesto el túnel informativo tan estrecho en el que hemos vivido y la violación reiterada que ha sufrido nuestro derecho a la información veraz y plural.
Y no se exagera al considerar este ejercicio comunicativo indispensable para lograr un pequeñísimo equilibrio ante el enorme autoritarismo que significa que sólo los grandes medios puedan imponer su verdad. Basta leer lo que dice el tuit de @Roxane_mx:
“El golpeteo contra Amlo me causa malestar, escuchar a gente que estimo creerse esas tonterías es superior a mis fuerzas, ahora resulta que hay más violencia e inseguridad que con Felipe Borolas, para morirse!!”.
La legislación se ha quedado muy corta en cuanto a los poderes que deben sujetarse al escrutinio público dada la influencia que ejercen sobre los habitantes de un país. Es indispensable un debate que permita determinar el alcance normativo a fin de eliminar la enorme opacidad bajo la que se mueven grandes intereses económicos sin la responsabilidad y la rendición de cuentas necesarias en toda sociedad auténticamente democrática. La apelación que los grandes medios han hecho siempre a la defensa de la libertad de expresión no cabe si vulnera el derecho a la información de los ciudadanos. Es indispensable encontrar mecanismos legales consensuados acordes a la realidad económica y tecnológica de un mundo conectado de tal modo que los seres humanos cuenten con las herramientas necesarias para poder ejercer plenamente su pensamiento de manera crítica y liberadora.
