La aprobación ciudadana del gobierno de AMLO no disminuye, las elecciones estatales en el Estado de México y Coahuila están cada vez más cerca y ya sólo faltan dos años para que tenga lugar la próxima contienda presidencial con el muy probable resultado de que la candidata o el candidato de MORENA se lleve el triunfo.
Los poderes fácticos nacionales e internacionales que se han visto afectados por las políticas del mandatario no han descansado. Desde que López Obrador ya se perfilaba como aspirante al cargo máximo del país en la elección de 2006, no han escatimado en recursos financieros y mediáticos para impedir que lograra su objetivo. Tuvieron éxito durante un tiempo. Creían que lo habían vencido.
Pero la mayoría del pueblo decidió lo contrario. Y en 2018 por fin pudo poner en marcha un proyecto político distinto al que durante décadas los pripanistas impusieron en favor de las élites.
El dogma neoliberal aplicado a lo largo de más de treinta años permitió que el nivel de concentración del poder y la riqueza mantuviera un crecimiento permanente al mismo tiempo que aumentaban la desigualdad, la pobreza y la exclusión de las grandes mayorías. Esta situación colocó al país ante un potencial muy alto de ingobernabilidad, lo cual ocasionó que tanto las Fuerzas Policiales como las Fuerzas Armadas fueran utilizadas por los regímenes pripanistas como garantes del orden conservador y del proyecto de las élites, mediante la represión y el control sobre los ciudadanos para proteger el Estado de Derecho de unos cuantos. No sólo la violencia de Estado, sino también el terrorismo de Estado, fueron parte de la pax pripanista. Dentro de esta lógica y práctica fue donde la militarización (en su auténtico sentido de represión y control de población, por parte tanto de policías como de militares que intervienen en operativos especiales con prerrogativas de declaración de estado de sitio, con o sin el marco jurídico correspondiente) se convirtió en elemento central de la continuidad de la acumulación neoliberal y su estructura de poder.
Con el arribo de la 4T a la presidencia, la lógica y la práctica se transformaron. “Por el bien de todos, primero los pobres” es ahora el proyecto que se está privilegiando. En consecuencia, también cambiaron las órdenes a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas Policiales (es decir, a la Guardia Nacional, el cuerpo policial creado por el presidente) y que en la actualidad están dirigidas a proteger a la mayoría de la población contra las diversas formas de delincuencia, desatadas por la descomposición del sistema neoliberal, así como a salvaguardar los recursos públicos que en esta nueva etapa de fortalecimiento del Estado exigen su defensa para beneficio de la mayoría de la población y no para satisfacer los intereses de las élites políticas y económicas como antaño.
Pero la oposición no ceja. Sigue fraguando y ejecutando sus ataques mediáticos con el objetivo de intentar cambiar la percepción de la gente sobre la conducta y la imagen del presidente. En este momento la estrategia de seguridad es su objetivo. Dado que su apelación histérica a la “violencia rampante” no ha tenido eco entre la población porque las tendencias de los delitos están mostrando una reducción apreciable -incluyendo los homicidios violentos que habían costado tanto trabajo disminuir- y también debido a que el gobierno federal no es ya agente de esta violencia como sucedía con los pripanistas, su campaña mediática se está centrando en los elementos de la estrategia que han permitido brindar resultados a la población en materia de seguridad: las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional.
Aprovechando la cercanía del 2 de octubre, fecha tan sentida y emblemática de las luchas sociales y la represión militar, su embate actual se compone de varias fases confluyentes:
Comenzó primero con las indignaciones y consignas por la “militarización”, con la invitación a académicos y analistas a quienes nunca se había tomado en cuenta en las épocas pripanistas -y cuyas investigaciones se basan en las condiciones y circunstancias de esos gobiernos- pero que “casualmente” ahora les son muy útiles a los medios dominantes y a supuestos medios críticos ansiosos de rating y monetización, a fin de estirar el término de “militarización” para incluir cualquier tarea civil como construcción de infraestructura, distribución de vacunas o la protección ciudadana que en otras latitudes son llevadas a cabo de manera normal y cotidiana por Guardias Nacionales adscritas a las Fuerzas Armadas. A pesar de sus alarmantes declaraciones públicas, el uso del ejército o de la Guardia Nacional no le espantan ni al PRI ni al PAN ni a MC ni al PRD ni, mucho menos, a los poderes fácticos que manejan a estos partidos, cuando se trata de proteger el proyecto de las élites. Lo que realmente les aterra es que protejan ahora el proyecto de la 4T, el proyecto dirigido a las grandes mayorías. Pretenden asustar a estas grandes mayorías con el fantasma de la “militarización” que ellos sí desplegaron, achacándosela al gobierno que está revirtiendo las causas de la misma y al que ya no le interesa “militarizar”, es decir, al que ya no le interesa reprimir ni controlar a la gente porque goza de su amplia aprobación y apoyo.
La señal de salida de la siguiente etapa fue la publicación de la columna de Peniley Ramírez en el periódico Reforma. Su sugerente título, Ayotzinapa el encubrimiento, indica la intención y el propósito del ataque: propagar la idea de que AMLO está encubriendo el crimen cometido contra los normalistas y protegiendo a los perpetradores. ¿Cómo lograr que la gente perciba que el único gobierno que se ha comportado decentemente y con justicia en un delito de tal gravedad es el encubridor y, por lo tanto, cómplice del mismo? Muy fácil, según la oposición: difundiendo un texto que no añade nada nuevo al contenido del Informe que semanas atrás había comunicado a la opinión pública la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa creada por decreto de AMLO desde los primeros días de su gobierno. La única diferencia es que, contra lo que establece la ley para proteger el debido proceso, la columna de Peniley incluye datos personales y detalles que estaban testados. Para quien haya leído el informe no había ninguna revelación, nada que indujera a suponer que el gobierno de López Obrador trató de ocultar algún detalle importantísimo. Desafortunadamente, no muchas personas leyeron el informe. Lo más grave es que ni siquiera fue objeto de análisis por parte de periodistas autodenominados “críticos” como Julio Hernández López (o más grave aún, ¿sí lo leyeron y no comprendieron o deliberadamente hicieron creer que el contenido era distinto?) quien el mismo día de la publicación de la columna la recomendó porque “da detalles clave del informe” y sólo después de una serie de críticas en Twitter reculó un poco y hasta se atrevió a escribir una columna ¡¡¡“cuestionando” la ética periodística de la columnista!!!, pero eso sí insistiendo en que había que leerla. Otro caso derivado que vale la pena comentar al respecto es el de una persona de izquierda que, como otros estudiosos, ha investigado y ligado atinadamente la desaparición y el asesinato de los estudiantes de Ayotzinapa con una enorme mina de oro en Guerrero, propiedad de la compañía canadiense GoldCorp, pero que, por su aversión a todo lo que huela a Estado -sin importar el gobierno de que se trate- creyó que el dato sobre la “mina del patrón” donde probablemente se haya arrojado a algunos de los muchachos lo revela la columna de Peniley, cuando en el Informe esto se revela abiertamente. ¿A tal grado de desatención e, incluso, ineptitud y deshonestidad intelectual pueden llegar académicos e izquierdistas no electorales, que les impide leer documentos oficiales sólo por el odio al poder estatal? ¿Los poderes mediáticos que protegen y forman parte del poder económico detrás de tantos crímenes no les causan la misma repulsión? ¿Estos textos sí superan su prueba de pureza? En los días que siguieron a la publicación de esta versión gore del informe, la oposición intentó modificar el lema #FueElEstado por el de #FueElEjército pretendiendo reducir, e incluso desaparecer, la responsabilidad del mando civil que dio las órdenes; de las policías federal, estatal y municipal; de los funcionarios del poder ejecutivo y del poder judicial que encubrieron el crimen y obstruyeron justicia, pero, sobre todo, quieren inocular en los ciudadanos la percepción de que el gobierno de AMLO está encubriendo a los militares involucrados. Algo totalmente falso. A raíz del informe elaborado y publicado, se solicitaron órdenes de aprehensión e incluso ya hay un alto mando detenido. El ambiente siguió enriqueciéndose por todos los intereses que intentan que este crimen no se esclarezca -como señaló el presidente – y por la oposición empeñada en golpear a la 4T. En un revoltijo nada santo se mezcla -de manera sobredimensionada, poco rigurosa y muy convenenciera- el caso Ayotzinapa con las consignas sobre la militarización (al estilo mustio de Jorge Zepeda Patterson); el escrutinio hasta la náusea de cada orden de aprehensión y luego del desistimiento por parte de la Fiscalía; la renuncia de fiscales enojados porque no se les consideró en la toma de decisiones; los reclamos de periodistas porque la SEDENA otorga entrevistas a otro colega y no a ellos; las discrepancias habituales en cualquier gobierno entre la Fiscalía, el Ejército y otras instituciones; la entendible frustración de los padres de las víctimas que durante tantos años sólo recibieron reveses del gobierno y que ahora no buscan quien se las hizo sino quien se las pague, etc., sin considerar las inercias, las presiones, los embrollos normales en cualquier burocracia. Y todo esto con el mismo propósito: atacar al ejército para perjudicar la estrategia de seguridad del presidente y reducir el apoyo popular.
A esta cascada mediática se suma, en tercer lugar, la aparición del grupo de supuestos hackers, denominados Guacamayos, cuya misión que enarbolan consiste en actuar en Sudamérica, es decir, de México a la Patagonia, lo cual resulta bastante estúpido, en el mejor de los casos, o muy sospechoso, en el peor. Un colectivo que busca la justicia debería hackear, ante todo, a las potencias que usan a los ejércitos de Latinoamérica o, por lo menos, haber realizado su “estelar” participación en la vida pública de la zona cuando la derecha sangrienta representada, por ejemplo, por Álvaro Uribe o Felipe Calderón gobernaban en los enclaves neoliberales más adeptos a Estados Unidos. Según ellos, lo que pretenden es luchar contra el imperialismo y colonialismo norteamericano y contra los grandes intereses de empresas transnacionales en la región centro y sur del continente. Su postulado, curiosamente, es que todos los ejércitos en Latinoamérica, necesariamente van a servir para el despojo de los pueblos indígenas y contra la ecología. La entrega de documentos filtrados de la SEDENA a Latinus y a Loret de Mola (uno de los esbirros mediáticos más destacados del poder empresarial) y el momento para hacerlo no pueden dejar de llamar la atención. Cuestionado al respecto, el presidente AMLO resaltó que el mismo grupo al que se le adjudicó el hackeo ya ha hecho lo mismo en países como Colombia y Chile y por eso piensa que es algo que se maneja desde el extranjero. Durante su conferencia matutina, explicó que los hackers “aprovecharon que están llevando a cabo un cambio del sistema de información en el Ejército”. Aunque reconoció que hubo una filtración, también detalló que lo que se dio a conocer ya era de dominio público y agregó: “el que nada debe, nada teme”. Hasta ahora parece tener razón porque lo publicado en El País, otro de los medios al que los hackers proporcionaron la información muy fácilmente, han sido sólo banalidades, situaciones ya sabidas. Eso sí, les ha servido muy bien para lanzar los titulares más escandalosos y dañinos contra el Ejército, la “institución pública más hermética de México”, como le llaman… ¿Acaso las Fuerzas Armadas de todo el mundo no son las instituciones públicas más herméticas?
Son esperables más acciones de este tipo o peores. Es necesario estar preparados para rebatirlas, para combatirlas. Una de las armas más poderosas para ello implica no darles ni siquiera el maleficio de la duda y contrastarlas de inmediato con la realidad a la que violan flagrantemente.
