Poco después del mediodía del jueves 17 de octubre de 2019, los vecinos del fraccionamiento La Jolla, en la zona de Tres Ríos en Culiacán, comenzaron a notar la presencia de vehículos de tipo militar y camionetas con vidrios polarizados, de las que usan con frecuencia tanto narcos como agentes policiales. Parecía uno más de los patrullajes que se hacen desde hace tiempo en la Ciudad. Entre el recelo y el temor que causa su presencia, los vecinos continuaban con sus actividades cotidianas hasta que una primera ráfaga de disparos los alertó. Acostumbrados a enfrentamientos y balaceras, corrieron a resguardarse o alejarse rápidamente de la zona, mientras daban aviso a familiares y amigos de la situación. Información difusa e imprecisa comenzó a difundirse rápidamente en redes sociales y algunos medios locales.
Lo que parecía un enfrentamiento más entre delincuentes y agentes del Estado, se convirtió rápidamente en una de las situaciones más peligrosas y complejas que se han vivido no sólo en esa ciudad, emblemática en la historia del narcotráfico en México, sino en el país entero. Antes de esa fecha se habían registrado bloqueos, incendios de vehículos, enfrentamientos y persecusiones en diversas regiones del país, y se siguen presentando, como respuesta a detenciones de líderes crriminales, pero nunca se había tomado una ciudad entera, con la fuga de 55 reos del un penal local incluida.
Lo que vivió durante más de seis horas la población de Culiacán fue resultado de un operativo para detener a Ovidio Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, realizado por un grupo de élite militar, hasta entonces casi secreto, llamado Grupo de Análisis de Información sobre Narcotráfico (GAIN). Este grupo fue creado por Ernesto Zedillo en 1995 con marinos y militares de las fuerzas especiales, para llevar a cabo operaciones de alto perfil, sobre todo detenciones de figuras relevantes de la DO. Desde su creación ha sido responsable de detener a poco más de 660 delincuentes, en una actividad que ha ido creciendo con los años.
Como nunca antes, Culiacán entera se convirtió en campo de batalla y, como nunca, la delincuencia organizada hizo gala de tal poder de movilización y de fuego.
Como nunca antes, los militares habían sido rebasados tan fácil y rápidamente y, como nunca, se había puesto en riesgo a la población de la capital de un estado de la República. Tampoco se había liberado a un detenido de esa importancia ante la respuesta brutal de sus fuerzas. Como nunca antes, la cooperación con EUA en seguridad se había puesto en entredicho con tal contundencia.
Afortunadamente para los habitantes de Culiacán, la política del Gobierno de México sí había cambiado radicalmente el 1 de diciembre de 2018. La divisa presidencial de que “ningún arresto vale la vida de las personas” salvó sin duda alguna a muchos, probablemente a cientos. La toma de zonas estratégicas con rehenes civiles y militares tanto en Culiacán como en zonas aledañas por los hombres del Cártel de Sinaloa, con armas de guerra y dispuestos a cometer una matanza para impedir que “El Ratón” fuera trasladado a la Ciudad de México y extraditado a EUA, obligó al Presidente a dar un manotazo en la mesa y liberarlo.
Nadie sensato podía permitir que tal cosa sucediera.
El costo político de esta decisión fue muy alto, pero el costo de una masacre generalizada hubiera sido demoledor. A poco menos de un año de haber asumido la Presidencia y con una política de seguridad integral, que apenas comenzaba a marchar y que puso realmente en primera línea el respeto a la vida de las personas, el Presidente asumió los costos políticos y tomó la mejor decisión posible: proteger a la población, no enfrentarse y soltar al detenido; a cambio, Culiacán fue liberada. La vida es primero.
Un costo inmediato fue la munición que el hecho proporcionó a la oposición; fue un evento estelar. Sin pudor y a coro sus conspicuos vocingleros afirmaron que el Presidente se “dobló, se “rajó”, le “sacó”, con su habitual lenguaje de pendenciero de cantina, y que su política de “abrazos, no balazos” era someterse a la DO. De ahí pasaron a denunciar un supuesto pacto, que algunos trazaron hasta la campaña electoral, y a sostener que el Presidente tiene nexos con el narco. Unos meses después, el saludo a la madre del Chapo les sirvió para reforzar ese discurso. Hasta hace unos días.
¿Qué pasó ese jueves negro del “Culiacanazo”? ¿Cómo es que una operación tan delicada falló de manera tan estrepitosa? A pesar de la gran cantidad de información pública disponible es difícil dar respuesta a cabalidad a estas y otras preguntas. Sin duda, todo operativo de esta naturaleza está sujeto a imponderables, errores y fallas, pero en este caso, más allá de decisiones precipitadas en el momento, hay elementos que nos conducen a la forma en que se venía dando la llamada cooperación en seguridad con nuestro vecino del norte, en particular en operaciones sensibles.
El GAIN había sido uno de los vínculos con agencias norteamericanas más importantes en materia de inteligencia y operación, principalmente con la DEA.
Aunque de su actuación poco se conoce, lo cierto es que actuaba más a las órdenes e intereses de esa agencia que del gobierno mexicano, al grado de que llegó a realizar operaciones sin notificar al mando superior, como parece ser este caso. La formación y la experiencia en campo de sus miembros, los recursos logísticos, tecnológicos y materiales con los que cuenta, el apoyo que las fuerzas armadas brinda generalmente en sus acciones, se contraponen con el resultado de esta operación: un fracaso total.
La detención de Ovidio Guzmán se derivó de una orden de detención con fines de extradición, emitida de manera expedita por un juez del estado de México el 25 de septiembre anterior. De acuerdo con información oficial, Ovidio no contaba con órdenes de aprehensión en México por lo que no era un objetivo inmediato. En cambio, con el Chapo Guzmán en proceso judicial, para la DEA y el Departamento de Estado extraditar a su hijo sí representaba un objetivo de suma importancia, que le daría herramientas adicionales para fortalecer sus casos, presionar al propio Chapo y coacusados, y abrir nuevos procesos. Por otra parte, el cambio de política gubernamental y las restricciones impuestas a su operación en nuestro país les hacía más urgente tener en sus manos a unos de sus herederos y líder de una de las facciones del Cártel de Sinaloa, antes de que esos cambios se consolidaran ya no pudieran actuar con la libertad con la que habían contado.
La presión contra el GAIN, con el que habían trabajado de la mano y les había permitido logros tan relevantes como la propia detención del Chapo, era furibunda. No podía dejar pasar la oportunidad de detenerlo aunque no estuvieran cubiertos todos los requisitos de una operación de esa índole. Los elementos que realizaron la operación ni siquiera esperaron la orden de cateo solicitada previamente (que nunca llegó) para ingresar al inmueble donde se encontraba Ovidio, ya que al ser descubiertos mientras rodeaban la casa fueron atacados por sus escoltas, lo que les dio la oportunidad de actuar en flagrancia. Para colmo, tampoco se tenían desplegadas las medidas de seguridad necesarias que anticiparan y contuvieran las posibles respuestas del Cártel. En poco tiempo, el grupo operativo estaba completamente rodeado y la Ciudad prácticamente tomada. Como lo reconoció el general Secretario de la Defensa, no se informó al Gabinete de Seguridad; se actuó sin conocimiento ni la debida autorización del mando superior, de manera precipitada y con mala planeación.
Está acción fallida obligó al Gobierno de México, entre otras cosas, a endurecer las condiciones para conducir las relaciones de cooperación con las agencias de EUA en nuestro país, necesarias sin duda. Si bien todo parece indicar que no hubo elementos operativos de esas agencias durante la detención de Ovidio, es claro que el trabajo de inteligencia e investigación se llevaba a cabo bajo sus términos e intereses. Esa operación fue, probablemente, la última intervención directa y con tal libertad de acción de la DEA en México.
El Presidente ha sabido apuntalar sus posturas en esta materia en su indiscutible legitimidad política y en los resultados que va logrando. Es innegable que no sólo se contuvo el crecimiento de la incidencia de los delitos más graves, sino que hay una clara tendencia descendiente. También es cierto que la peor violencia se circunscribe a cuatro o cinco estados y unos 30 municipios del país y que, aún en ellos, está disminuyendo. A principios de año, demostró al gobierno de Estados Unidos que es posible una colaboración eficaz en materia de seguridad a partir del respeto a la soberanía de México. Que nuestro país toma las decisiones de lo que se hace en nuestro país; que tiene la capacidad logística, técnica y operativa para realizar operaciones de alto perfil, pero lo hace bajo sus términos y condiciones. La colaboración es bienvenida, pero las decisiones son nuestras.
La madrugada del 5 de enero de este año, en una operación diseñada y ejecutada con cuidado y precisión, la Guardia Nacional y otras fuerzas federales lograron la detención y el traslado de Ovidio Guzmán López.
Cuando su gente respondió, el detenido ya volaba a la Ciudad de México.
Los enfrentamientos se dieron principalmente en la finca rural donde fue la detención y zonas aledañas, y no hubo grandes concentraciones de personas amenazadas directamente. Frente al poder de fuego tierra-aire de las fuerzas armadas, los hombres del Cártel realizaron tomas de vehículos y bloqueos carreteros en varios municipios del estado para cubrir su retirada.
La detención y procesamiento en México de uno de los líderes del Cártel de Sinaloa es un logro indiscutible del Presidente en varios frentes. La operación misma, realizada con gran eficacia, le suma puntos a la aceptación de la Guardia Nacional y la estrategia general de seguridad. Por otro, vuelve aún más insostenible el discurso de la oposición sobre la sumisión o alianza del gobierno con el narco y la obliga a desdecirse, una vez más.
El flanco más importante, quizás, es en la relación con el vecino del norte. La detención de Ovidio le manda un mensaje claro y contundente al gobierno de EUA, días antes de iniciarse en México la X Cumbre de Líderes de América del Norte. No habrá concesiones a la delincuencia, pero tampoco habrá sumisión a decisiones externas. El Presidente se quitó la espina de aquella fallida operación para, de inmediato, fijar postura: antes de extraditarlo, Ovidio responderá ante la justicia mexicana. Confirma, así, que las prioridades y los tiempos de la Estrategia Nacional de Construcción de Paz las determina el Gobierno y las leyes de México y que la colaboración, en esos términos, sí da resultados. A ambos países conviene. Sin duda la detención de Ovidio Guzmán López confirma que la estrategia del Gobierno de México va por el camino correcto.
