La Organización de las Naciones Unidas (ONU) encendió las alertas. En un informe presentado recientemente al Consejo de Derechos Humanos, la relatora especial sobre la situación de los derechos humanos en Palestina, Francesca Albanese, acusó a un conjunto de empresas internacionales de sostener una “economía de genocidio” en la Franja de Gaza. Entre ellas figura una empresa mexicana con fuertes vínculos políticos y empresariales en el país: Orbia Advance Corporation, antes conocida como Mexichem.
El señalamiento cobra especial relevancia en México porque la familia Del Valle Perochena, principal accionista de Orbia (con el 55.55 % de participación), ha sido identificada como uno de los principales financiadores de organizaciones opositoras al gobierno del ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador.
De acuerdo con la ONU, la subsidiaria israelí de Orbia, Netafim, ha jugado un papel clave en el agotamiento de recursos naturales en territorios palestinos, específicamente en el Valle del Jordán.
“En el valle del Jordán, los sistemas de riego financiados por Netafim han facilitado la expansión de los cultivos israelíes, mientras que los agricultores palestinos, privados de agua y con el 93 % de sus tierras de secano, se ven desplazados, incapaces de competir con la producción israelí”
La relatora Albanese explicó que esta red empresarial no actúa por accidente, sino que está “profundamente entrelazada con el sistema de ocupación, apartheid y genocidio” implementado por Israel en Palestina. Según el documento, se identificaron 48 empresas con algún grado de participación o beneficio derivado de la campaña militar y ocupación israelí en Gaza.
Entre tanto, en México, el presidente del Consejo de Administración de Orbia, Antonio del Valle Perochena, también encabeza los consejos de Banco Ve por Más, Cementos Fortaleza y la Fundación Kaluz, esta última identificada como fuente de financiamiento para organizaciones como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, Mexicanos Primero, México Unido Contra la Delincuencia y el IMCO.
Documentos contables de la Fundación Kaluz revelan que, entre 2019 y 2022, se destinaron recursos a campañas jurídicas y mediáticas en contra del Gobierno federal. Dichas organizaciones han encabezado denuncias, litigios e investigaciones mediáticas contra proyectos clave del sexenio, como el Tren Maya, el AIFA y programas sociales emblema de la 4T.
Aunque hasta el momento ni Orbia ni sus directivos han emitido una postura sobre el informe de la ONU, el señalamiento revive el debate sobre el papel de actores económicos en conflictos armados internacionales a costa de la vida y sustento de familias palestinas, y sobre su influencia en la vida pública y política mexicana.
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