Un sorprendente giro en las relaciones internacionales ha conmocionado a España y ha generado un intenso debate sobre la justicia y la política migratoria. Dahud Hanid Ortiz, un exmarine estadounidense con nacionalidad venezolana, condenado a 30 años de prisión por el brutal triple asesinato ocurrido en Madrid en 2016, ha sido repatriado a Estados Unidos como parte de un controvertido intercambio de prisioneros entre el gobierno de Donald Trump y el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. La noticia, adelantada por medios españoles y confirmada por diversas fuentes, ha causado indignación, especialmente en las familias de las víctimas y en el abogado que era el verdadero objetivo de Ortiz.
Un intercambio inédito y opaco
El pasado viernes, Dahud Hanid Ortiz aterrizó en Texas junto a un grupo de diez ciudadanos estadounidenses, presentados por el gobierno de Maduro como “presos políticos” y “detenidos injustamente”. Sin embargo, la realidad de Ortiz dista mucho de esa descripción. Fue condenado en Venezuela en enero de 2024 a 30 años de cárcel por el asesinato de tres personas en un despacho de abogados en Madrid. Tras cometer el crimen, Ortiz huyó a su país natal, donde fue arrestado en 2018.
La noticia de su liberación fue un balde de agua fría para las autoridades españolas y para el abogado Víctor Salas, a quien Ortiz buscaba asesinar por celos. Salas, quien ha expresado su profunda indignación, no entiende cómo un criminal convicto por un triple asesinato pudo ser incluido en un canje de esta magnitud, habiendo cumplido solo una mínima parte de su condena.
“No podemos permitir que entre cualquiera a España, mate a tres personas y quede impune”, declaró Salas a la prensa.
La ONG venezolana Foro Penal, dedicada a la defensa de los presos políticos, advirtió desde un principio que entre los estadounidenses entregados a EE. UU. había uno que no era preso político, refiriéndose a Ortiz. El propio ministro venezolano Diosdado Cabello dio una pista clave al decir a los venezolanos liberados del CECOT (Centro de Confinamiento del Terrorismo) que habían “entregado a unos asesinos por ustedes”, entre los que se encontraba Ortiz.
El intercambio fue un acuerdo a tres bandas que involucró a la Administración Trump, el gobierno de Maduro y el presidente salvadoreño Nayib Bukele. Como parte del pacto, 252 venezolanos fueron liberados del CECOT en El Salvador, una mega-cárcel construida por Bukele para encerrar a pandilleros del Tren de Aragua, una peligrosa organización criminal. A cambio, Maduro envió a Estados Unidos a una decena de presos estadounidenses, entre los que, según ONG, había turistas.
El Departamento de Estado de EE. UU. ha defendido la repatriación, aunque sin entrar en detalles sobre el caso específico de Ortiz, alegando motivos de privacidad. Un portavoz señaló que con este canje, Estados Unidos
“logró la liberación de todos sus ciudadanos detenidos en Venezuela, muchos de los cuales denunciaron haber sido sometidos a tortura y otras duras condiciones.”
Sin embargo, no se ha aclarado si Ortiz fue considerado “injustamente detenido” o si la declaración se refería únicamente a los otros nueve repatriados.
La sombra del “triple asesinato de Usera”
La historia de Dahud Hanid Ortiz está marcada por un crimen brutal que conmocionó a España en junio de 2016. El 22 de junio de ese año, Ortiz, impulsado por celos, irrumpió en el despacho de abogados de Víctor Salas en el humilde distrito de Usera, Madrid. Salas no se encontraba allí, pero Ortiz atacó a las tres personas que encontró: las dos empleadas Maritza Osorio y Elisa Consuegra, y un cliente, Pepe Castillo, a quien confundió con el letrado. Los asesinó con armas blancas y luego prendió fuego al despacho antes de huir.
Ortiz, quien había servido como marine en Irak y fue expulsado del ejército en 2014 por falsificar documentos, regresó a Alemania tras el crimen. Intentó borrar sus huellas, pero la Policía Nacional española reunió las pruebas necesarias para incriminarlo. Cuando se vio acorralado, escapó a Venezuela, su país de origen, donde fue detenido en 2018. Su juicio en Venezuela se retrasó varias veces, pero finalmente fue condenado en enero de 2024.
Ahora, con Ortiz en territorio estadounidense y su paradero exacto desconocido (no se ha confirmado si ha sido transferido a una prisión o si está en libertad), el temor vuelve a la vida de Víctor Salas. Las autoridades españolas y alemanas ya le han advertido de la situación. La Fiscalía española ha solicitado información a Estados Unidos, pero sin obtener respuesta, y ha señalado que, desde el punto de vista judicial español, no pueden hacer nada, ya que el caso fue juzgado en Venezuela.
La liberación de Dahud Hanid Ortiz no solo reabre heridas para las víctimas y sus familias, sino que también plantea serias interrogantes sobre la transparencia de los acuerdos diplomáticos y las implicaciones para la seguridad internacional.
