Este martes 9 de septiembre, durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, lanzó un anuncio que cimbró al viejo Poder Judicial: la FGR investigará a los jueces y funcionarios que permitieron que el caso Cassez-Vallarta se prolongara 20 años, cuando por ley debió resolverse en un máximo de 24 meses.
“No es un amparo, es justicia para las víctimas”
Gertz Manero fue tajante al señalar que la Fiscalía tiene la obligación de defender a las víctimas y de transparentar los criterios que llevaron a que el proceso se empantanara durante dos décadas.
“Nosotros sí tenemos la convicción de que tenemos que hacer algo en defensa de las víctimas. Por eso, una de las funciones fundamentales del Ministerio Público es ir a recurso en todos los casos sin excepción donde las víctimas quedan en estado de indefensión”.
El fiscal agregó que la revisión no será un trámite burocrático: se hará pública la manera en que se tomaron las decisiones y las razones que llevaron a mantener el expediente abierto tanto tiempo sin sentencia.
El caso Vallarta y la sombra judicial
El caso de Israel Vallarta, detenido junto con la ciudadana francesa Florence Cassez en 2005, ha estado rodeado de irregularidades y acusaciones de montaje. La liberación de Cassez en 2013 y la permanencia de Vallarta en prisión han sido símbolo de un proceso cuestionado por su legalidad y transparencia.
Gertz apuntó directamente al Poder Judicial:
“Si la autoridad judicial permitió que un asunto estuviera durante 20 años sin sentencia, a quien deberíamos de llamar es a la autoridad judicial para ver por qué dilató lo que tenía que hacerse en dos años”.
El caso Cárdenas Palomino, otra pieza en el rompecabezas
En su mensaje, el fiscal también se refirió a la condena de Luis Cárdenas Palomino, exfuncionario de la Secretaría de Seguridad Pública federal y señalado como torturador de Israel Vallarta. Aseguró que la discusión no debe centrarse solo en la sentencia del exmando policial, sino en cómo el Poder Judicial permitió que la causa permaneciera sin resolución durante tanto tiempo.
Según Gertz, la FGR ya indaga para determinar la negligencia y responsabilidad de jueces y funcionarios que mantuvieron abierto el proceso por dos décadas sin dictar sentencia definitiva.
Justicia retrasada, justicia negada
La declaración final del fiscal fue categórica:
“Los acusados tienen todo el derecho de haber sido sentenciados en un plazo máximo de dos años. ¿Por qué no se habla de ese aspecto que es fundamental? Eso es lo que vamos a demostrar, lo que vamos a presentar”.
La investigación de la FGR abre un capítulo inédito: por primera vez se apunta directamente a jueces y al Poder Judicial como responsables de un retraso que convirtió un proceso penal en una herida abierta por 20 años.
