En un nuevo avance en la ofensiva federal contra el huachicol fiscal, fue detenido Cristian Noé Amaya Olvera en Matamoros, Tamaulipas, reconocido como un socio de “El Señor de los Buques”.
Amaya Olvera es empresario y propietario de carrotanques bajo la empresa AMOL, se encuentra señalado como uno de los principales implicados en el almacenamiento ilegal de hidrocarburos y vinculado a uno de los mayores decomisos de diésel automotriz registrados últimamente en Ensenada, Baja California.
Esta acción fue resultado de una investigación federal en curso y se enmarca en una estrategia más amplia para desarticular una red de contrabando que, según la información, involucra a empresarios, exfuncionarios y una estructura criminal compleja.
Amaya Olvera fue capturado tras la emisión de una orden de aprehensión girada el martes 9 de septiembre, en la que también figura Luis Francisco Rodríguez Orozco, actualmente prófugo. Ambos son señalados por el probable delito de almacenamiento ilícito de hidrocarburos petrolíferos.
Siete vehículos asegurados estaban a nombre de Amaya Olvera
La Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que Amaya Olvera está relacionado con el decomiso de 8.8 millones de litros de diésel automotriz, incautados el 27 de marzo en un predio ubicado en la autopista Rosarito-Ensenada, kilómetro 100, colonia El Sauzal.
Según EL UNIVERSAL, la orden de aprehensión apunta que durante el operativo en Ensenada, las autoridades localizaron 20 tractocamiones, 47 tanques-cisterna, 120 tanques metálicos adicionales y 16 motobombas, todos utilizados para el almacenamiento y transporte de hidrocarburos.
Entre los vehículos asegurados se identificaron dos tractocamiones con remolque y cinco tanques-cisterna registrados a nombre de Amaya Olvera. Tamboén se halló un contenedor con 3 mil 500 litros de urea.
Según la FGR, el predio carecía de permisos para el almacenamiento de hidrocarburos, lo que refuerza la hipótesis de una operación clandestina de gran escala.
La investigación federal reunió 33 elementos de prueba, entre los que destacan una denuncia anónima enviada por correo electrónico, informes de investigación criminal, actas de inspección, entrevistas a personal de protección civil y dictámenes periciales en ingeniería, infraestructura, documentación fotográfica y criminalística.
Las autoridades confirmaron que el inmueble donde se realizó el decomiso estaba en posesión de Rodríguez Orozco, quien lo ocupaba mediante un contrato de arrendamiento firmado con Gerardo Novelo Osuna, exsenador de Morena por Ensenada.
Señor de los buques: presunto líder de red contrabandista
Asimismo, los vínculos empresariales y familiares de Amaya Olvera han sido clave en el avance de las pesquisas. Junto a su hermano, Jesús Tadeo Amaya, es propietario de la empresa AMOL, la cual, según las autoridades, mantiene relaciones comerciales con Roberto Blanco Cantú, conocido como “El Señor de los Buques” o Roberto Brown.
Blanco Cantú es señalado como el presunto líder de la red de contrabando y supuesto dueño de la empresa Mefra Fletes, que habría almacenado millones de litros de diésel procedentes de Estados Unidos.
Ante esto, la FGR también investiga a otros socios, entre ellos José René Tijerina Mendoza, José Isabel Murguía Santiago y Anuar González Hemadi, todos vinculados a empresas utilizadas como fachada para el transporte y almacenamiento de combustible ilegal.
La red desmantelada operaba a través de compañías como Mefra Fletes, Autolíneas Roca y AMOL, y está relacionada con el aseguramiento de otros 10 millones de litros de diésel en Altamira.
Un golpe más al huachicol fiscal
De acuerdo con las investigaciones realizadas entre abril y julio, Blanco Cantú y sus socios fundaron Mefra Fletes en 2015 en Guadalajara, Jalisco, y en 2019, junto a Tijerina Mendoza, propietario de Montimex, expandieron sus operaciones a varios estados del país.
El uso de contratos de arrendamiento para ocultar la propiedad de los inmuebles y la creación de empresas fachada han sido estrategias recurrentes para evadir la acción de la justicia.
Este operativo se suma a una serie de acciones emprendidas por las autoridades federales para desarticular el huachicol fiscal, una modalidad de robo y contrabando de combustibles que ha generado pérdidas millonarias.
