La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el objetivo central de la reforma a la Ley de Amparo es agilizar los procesos judiciales y reducir los tiempos de resolución, sin afectar los derechos de los ciudadanos ni imponer sanciones a empresarios.
Durante su Conferencia del Pueblo del 9 de octubre, la mandataria explicó que los cambios a la ley buscan dar cumplimiento a la reforma constitucional al Poder Judicial, la cual establece que jueces, magistrados y ministros sean electos por el pueblo y que los juicios no se prolonguen durante décadas, como ocurre actualmente.
Sheinbaum detalló que con la nueva ley se pretende que los juicios de amparo, figura que calificó como “una de las más importantes en la historia jurídica del país desde 1857”, sean más expeditos sin comprometer las garantías de los ciudadanos.
“Queremos que los juicios no duren quince o veinte años. El amparo sigue garantizando la protección del ciudadano frente a un acto de autoridad, pero debe resolverse de manera más rápida”, puntualizó.
Entre los cambios más relevantes, explicó que cuando la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congele una cuenta por presunto lavado de dinero, no podrá levantarse la suspensión que permita retirar los fondos hasta que concluya el juicio. Si la persona demuestra la licitud del dinero, se le reintegrarán los recursos; de lo contrario, procederán las sanciones correspondientes.
Asimismo, señaló que en casos donde la Suprema Corte haya emitido una resolución definitiva, ya no procederá una suspensión provisional que retrase el cumplimiento de la sentencia, especialmente en procesos fiscales prolongados.
Durante el intercambio con la prensa, la presidenta también respondió sobre las decisiones tomadas en el Senado respecto a un artículo transitorio que fue incluido de última hora en la reforma. Aclaró que ello no refleja una ruptura interna, sino el ejercicio de la autonomía legislativa.
“No es que el senador Adán Augusto esté en contra de la presidenta ni mucho menos. Fue una decisión que tomó el Senado con base en su propia valoración. Nosotros consideramos que la redacción no quedó clara y propusimos públicamente fortalecerla”, explicó.
Sheinbaum reiteró que la iniciativa no tiene carácter autoritario, ni pretende debilitar los derechos humanos consagrados en la Constitución, sino hacer más eficaz la impartición de justicia conforme a los tiempos establecidos en la nueva estructura judicial.
“Quien diga que el gobierno le está quitando al ciudadano su derecho al amparo o a la suspensión provisional, está equivocado. Ambos derechos permanecen totalmente garantizados”, subrayó.
