- El anuncio se da tras el paro nacional realizado entre el 24 y el 27 de noviembre, cuando transportistas y agricultores bloquearon carreteras, casetas y accesos estratégicos para exigir respuestas ante el incremento de agresiones violentas y pérdidas económicas.
Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, sostuvo una reunión con representantes del autotransporte nacional en la que aseguró que el gobierno federal reforzará la seguridad en las carreteras del país. En un mensaje difundido tras el encuentro, afirmó que, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, existe un compromiso firme para proteger a los operadores y reducir los delitos que afectan a la industria, especialmente robos, asaltos y extorsiones.
El acuerdo incluye una coordinación más estrecha entre la SSPC, la Guardia Nacional y la Secretaría de Gobernación para fortalecer operativos en tramos de alta incidencia delictiva, ampliar la vigilancia, mejorar la atención de denuncias y agilizar las carpetas de investigación relacionadas con ataques a transportistas. También se integrará al sector dentro de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, uno de los delitos más denunciados por los operadores de carga.
El anuncio se da tras el paro nacional realizado entre el 24 y el 27 de noviembre, cuando transportistas y agricultores bloquearon carreteras, casetas y accesos estratégicos para exigir respuestas ante el incremento de agresiones violentas y pérdidas económicas. Aunque el encuentro con Harfuch fue bien recibido por los líderes del sector, persiste el escepticismo sobre la efectividad de los operativos, pues protestas similares en años recientes no lograron reducir los ataques de manera sostenida.
Las organizaciones del transporte advirtieron que mantendrán mesas de seguimiento con autoridades federales y estatales para exigir resultados concretos, mayor presencia en las rutas críticas y transparencia en las investigaciones. Para muchos, el reto no es solo incrementar patrullajes, sino construir una respuesta integral que combine inteligencia, tecnología, coordinación interestatal y acciones contra redes criminales que operan en carreteras. El impacto real del plan dependerá de la continuidad de estos esfuerzos y de la capacidad del gobierno para transformar el compromiso en mejoras visibles en las rutas más peligrosas del país.
