La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, confirmó que el gobierno federal mantiene conversaciones con los 8 estados donde la pensión universal para personas con discapacidad aún no aplica en todos los grupos de edad. Explicó que, en esas entidades, cerca de 800,000 personas con discapacidad permanente continúan fuera del esquema completo, aunque se atiende de manera universal a menores de 30 años, personas indígenas y afrodescendientes, así como a quienes viven en condición de extrema pobreza. Añadió que, con el presupuesto ya aprobado, habrá un incremento en el monto de la pensión a partir de 2026.
Montiel señaló que el diálogo con los gobiernos estatales ha sido constante desde 2021, cuando se impulsó la estrategia para ampliar la cobertura. Recordó que recientemente autoridades de Durango manifestaron disposición para avanzar, si no en la universalidad total, sí en una ampliación parcial del programa. Subrayó que la coordinación plena permitiría contar con información más precisa sobre el origen y prevalencia de distintos tipos de discapacidad, además de fortalecer la organización integral de la política social.
La titular de Bienestar explicó que, aunque la pensión está dirigida exclusivamente a quienes presentan discapacidad permanente, persisten confusiones porque algunas personas viven limitaciones derivadas de enfermedades que no generan discapacidad bajo los criterios establecidos. Destacó que, conforme al marco de la Convención de Naciones Unidas, el entorno —como banquetas, escaleras o el transporte público— también puede ser un factor que limita derechos, por lo que garantizar un ingreso básico resulta fundamental para la alimentación y condiciones de vida de quienes enfrentan mayores barreras.
Montiel recordó que año con año se ha incrementado el monto bimestral de la pensión, en cumplimiento de la Constitución y con el apoyo de la Cámara de Diputados. Aunque será la presidenta quien formalice el anuncio, señaló que en 2026 se mantendrá el compromiso de ajustar el apoyo al menos conforme a la inflación para asegurar que la población beneficiaria preserve su poder adquisitivo.
