(06 de noviembre, 2013).- En el marco de la Semana del Migrante, en el Senado de la República se realizó la mesa de discusión “Deportación y Repatriación de Personas Migrantes Mexicanas”. Los especialistas participantes coincidieron en que los abusos en los procesos jurídicos de miles de connacionales son el pan de cada día.
Esmeralda Flores, perteneciente a la Coalición Pro Defensa del Migrante en Baja California y la Iniciativa Frontera Norte –articulación entre casas de migrantes y centros de derechos humanos– señaló que en el territorio estadounidense los migrantes sufren de violación de sus derechos humanos en diferentes etapas, razón por la cual su organización busca garantizar los derechos humanos básicos en la repatriación de hombres, mujeres y niños, ofreciendo servicios sociales como transporte, defensores jurídicos, ropa limpia y comida tres veces al día, logrando colaborar en el proceso de 3,500 repatriaciones de migrantes al mes.
Durante la detención de los migrantes en territorio estadounidense, durante su proceso jurídico e incluso estando en su país una vez deportados, los migrantes son víctimas de agresiones múltiples, “hay un abuso de la fuerza que termina ocasionando riesgos en su salud que a veces derivan en la pérdida de la vida”, señaló sobre el trato que la policía fronteriza da a los migrantes.
Lorena Monrow, directora de la clínica jurídica del Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), señaló que uno de los objetivos de la institución es ayudar a reunir a personas que han sufrido separación familiar por cuestiones migratorias. “En estadísticas, aproximadamente del 70 al 75 por ciento de las personas deportadas son retornadas a México. En el 2011 hubo 330 mil personas retornadas en la frontera, sin considerar a las que formalmente son repatriadas, 850 mil mexicanos fueron deportados entre 2009 y 2011”.
El problema migratorio repercute no sólo en la vida del migrante, sino en la de sus familias, incluyendo a sus hijos. En Estados Unidos, informó Monrow, existen 5.5 millones de niños que tienen al menos a uno de sus padres viviendo de manera irregular en el país.
Por su parte, José Jacques Medina, del Movimiento Migrante Mesoamericano, hizo énfasis en la historia de los derechos políticos de los mexicanos en Estados Unidos, resaltando la amnistía migratoria de Ronald Reagan en 1986, que benefició a cerca de tres millones de inmigrantes estadounidenses.
En 1993, los primeros indocumentados empezaron a aplicar a la ciudadanía estadounidense, “la mayoría de los mexicanos no quería ciudadanizarse por miedo a perder sus derechos en México, como propiedades y bienes en fronteras y playas, que podrían perder al obtener la ciudadanía norteamericana”, mencionó Jacques Medina.
“No solamente era una cuestión de patrimonio, sino un problema patriótico, nadie quería pisar la bandera mexicana y adoptar la estadounidense”, fue hasta que en México surgió la figura de “doble nacionalidad” cuando nacen los derechos políticos de los mexicanos en EE.UU., señaló Jacques.
En 2005, recordó el activista, “a los mexicanos en el extranjero se les permitió votar por presidente a través de voto postal; sin embargo, sus derechos siguen siendo limitados, no tienen derecho a ser votados, a registrar organizaciones políticas o a participar en otras consultas populares, razón por la cual en los procesos de 2006 y 2012 hubo una participación muy baja. A esto se suma el que la mayoría de los migrantes no tiene credencial de elector; la credencialización en el exterior ha sido una petición hecha al gobierno mexicano en varias ocasiones”, enfatizó Jacques.
La importancia de la participación de las minorías en temas de migración resultan histórica, apuntó Jacques: “en el 2006, más de 4 millones de migrantes lograron presionar al sector político de EE.UU., incluso en Washington se hablaba de que las minorías estaban apoderándose de las calles y cuando en EE.UU. se oyó ‘minorías’, salieron los afroamericanos e impulsaron por primera vez un candidato afroamericano a la presidencia de EE.UU. Así fue como Obama logró llegar a la Presidencia”.
El dirigente del Movimiento Migrante Mesoamericano declaró que hay la necesidad de una ley para los mexicanos que viven en el exterior, puesto que la Ley de Migración en México sólo legisla derechos y obligaciones de los extranjeros en el país, pero se deben tomar en cuenta los derechos constitucionales de los mexicanos en el exterior, concluyó.
