Óscar Balderas / @oscarbalmen
Si Chihuahua es el estado más peligroso para ser niño, y el Estado de México lo es para las mujeres, Oaxaca es el territorio más rojo para los defensores de derechos humanos. De acuerdo con un estudio de la ONU, al sureste es donde el riesgo es mayor para la vida de quienes nos defienden.
(14 de noviembre, 2013).- Fueron seis balazos. Tres pegaron en el tórax, dos en la cabeza y uno en el cuello. Además, el cuerpo estaba atravesado por huellas de tortura, acumuladas a lo largo de aquel 15 de julio de 2013, cuando Herón Luciano Sixto López, defensor de derechos humanos en la zona de la mixteca oaxaqueña, fue secuestrado por un comando armado.
Lo encontró un campesino cuando ya tenía cinco días de muerto y, de acuerdo con la necropsia, sólo duró un día con vida. El mismo día del secuestro – realizado por hombres vestidos de negro que allanaron sus oficinas en el Centro de Orientación y Asesoría a Pueblos Indígenas, en el municipio Santiago Juxtlahuaca – lo ejecutaron y aventaron sus restos en el paraje Cahuaya.
Quienes lo conocieron coinciden en que el crimen organizado se vengó así del trabajo de Sixto López con comunidades mixtecas y triquis, a quienes ayudaba a pelear contra quienes les cobraban derecho de piso en las tierras que por décadas habían ocupado.
Su asesinato rebasó fronteras: el 1 de agosto, desde Washington, Estados Unidos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó el homicidio y llamó al gobierno mexicano a adoptar medidas urgentes para garantizar la seguridad de los defensores de derechos humanos.
Y se sumó a la de otros oaxaqueños asesinados por proteger a los más vulnerables: mataron al defensor finlandés Jyri Jaakkola en San Juan Copala, Oaxaca y a Beatriz Alberta Cariño en La Sabana Copala. También en ese estado al reportero del diario El Imparcial, Alberto López Bello, quien escribía sobre derechos humanos.
En Oaxaca no se defiende a quienes nos defienden.
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El Informe sobre la Situación de Las y Los Defensores de Derechos Humanos en México, realizado la Organización de las Naciones Unidas (ONU), es brutal: 22 defensores de derechos humanos y cinco integrantes de sus familias han sido asesinados en el país desde 2006.
El peor año fue 2011, cuando asesinaron a Nepomuceno Moreno, Pedro Leyva, Quetzalcóatl Leija y Trinidad de la Cruz, así como tres familiares de Eva Alarcón y de Marcial Bautista.
Las ONGs documentan más casos: según la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, entre 20089 y 2012 hubo 109 agresiones a mujeres que se dedican a abogar por los débiles, de las cuales murieron 26.
El peor estado para hacerlo es Oaxaca, donde se concentra el mayor número de averiguaciones previas por agresiones a defensores; le sigue Chihuahua, Coahuila y Guerrero. En el estado sureño, lo más común son injerencias arbitrarias, allanamientos sin orden judicial o robo de información física o electrónica, como sucedió el 3 de noviembre de 2011 con el Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, A.C.
En el 38 por ciento son amenazas, el 13 por ciento injerencias arbitrarias, el 12 por ciento hostigamiento, 11 por ciento detenciones arbitrarias, 11 por ciento privación de la vida, 6 por ciento atentados y 2 por ciento desapariciones forzadas.
El foco rojo resalta: Oaxaca se vuelve riesgoso.
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De acuerdo con el estudio de la ONU, en el 39 por ciento de los casos no se puede rastrear el origen de la agresión, pero en el 38 por ciento sí: políticos no estatales. El 12 por ciento es para servidores públicos federales, 6 por ciento para municipales y 5 por ciento operadores de justicia como policías.
Los más vulnerables son los defensores de la población migrante; le siguen los defensores de derechos políticos y civiles, luego los de las mujeres y posteriormente los de población indígena.
La impunidad permea: hasta el momento, ninguna sentencia ha sido ratificada en el poder judicial estatal o federal por un crimen derivado de la acción de un defensor de derechos humanos.
Peor: el único compromiso al respecto en el Pacto por México es tan ambiguo como su redacción: “crear una instancia federal que permita dar seguimiento a la instrumentación de la reciente reforma constitucional en materia de derechos humanos”.
Y la conclusión del estudio de la ONU: “El mayor número de reportes por agresiones contra defensoras y defensores durante el periodo del presente balance se registró en Oaxaca, Chihuahua, Coahuila, Guerrero y Distrito Federal.
“Destaca el hecho que los estados de Oaxaca, Chihuahua y Guerrero continúan dentro de las cinco entidades federativas con el mayor número de reportes de agresiones desde 2006”, señala.
Los casos siguen: Alejandro Solalinde, amenazado, sacerdote y defensor de migrantes en Ciudad de Ixtepec; Bernardo Vásquez, asesinado, dirigente de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán; Lucila Bettina Cruz, amenazada, cofundadora de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio.
En Oaxaca, la impunidad también mata.
