Un nuevo debate fiscal ha comenzado en la Cámara de Diputados tras la propuesta presentada por el Partido del Trabajo (PT), la cual busca establecer un impuesto federal a los grandes patrimonios. La medida está dirigida específicamente a las personas físicas cuya riqueza neta supere los 100 millones de pesos, con el objetivo de recaudar recursos adicionales para programas sociales e infraestructura.
La iniciativa, impulsada por legisladores del PT, plantea una estructura de cobro progresivo. Esto significa que el porcentaje del impuesto aumenta conforme el patrimonio es mayor. Las tasas propuestas se dividen de la siguiente manera:
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Patrimonios de 100 a 500 millones de pesos: Se aplicaría una tasa anual del 2%.
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Patrimonios de 500 a 1,000 millones de pesos: La tasa subiría al 2.5%.
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Patrimonios de 1,000 a 10,000 millones de pesos: Se establece un cargo del 3%.
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Fortunas superiores a los 10,000 millones de pesos: La tasa máxima alcanzaría el 3.5% anual.
De aprobarse, esta ley impactaría directamente a los empresarios más acaudalados de México, incluyendo figuras como Carlos Slim y Ricardo Salinas Pliego, quienes poseen capitales que superan por mucho los límites establecidos en el proyecto.
La idea de gravar las grandes riquezas no es nueva en la agenda de la izquierda mexicana, pero ha cobrado fuerza en los últimos años debido a las recomendaciones de organismos internacionales como la OCDE y el Fondo Monetario Internacional, que sugieren este tipo de mecanismos para reducir la brecha de desigualdad tras la pandemia.
Anteriormente, se habían presentado puntos de acuerdo similares, pero ninguno había avanzado con la firmeza legislativa actual. El argumento central del PT es que México es uno de los países con menor recaudación de impuestos sobre la riqueza comparado con otras economías de tamaño similar, lo que limita la capacidad del Estado para invertir en sectores vulnerables.
El diputado promovente de la iniciativa señaló que este impuesto es una medida de justicia social. Según sus declaraciones, no se trata de un castigo al éxito empresarial, sino de una contribución proporcional para fortalecer las finanzas públicas en un momento de necesidad nacional.
Por otro lado, la propuesta ha generado reacciones mixtas:
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Defensores del proyecto: Argumentan que el dinero recaudado permitiría financiar derechos básicos como salud y educación sin afectar a la clase media ni a los pequeños empresarios.
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Críticos y sector empresarial: Advierten que un impuesto de este tipo podría provocar una fuga de capitales, ya que los inversionistas buscarían llevar su dinero a países con marcos fiscales menos estrictos, lo que podría frenar el crecimiento económico.
La propuesta deberá ser analizada en las comisiones de la Cámara de Diputados antes de pasar al pleno para su posible votación.
