América Latina se mantiene como una de las regiones más desiguales del planeta, operando bajo una paradoja fiscal: los sistemas tributarios gravan con fuerza a los más pobres mientras permiten que quienes concentran la mayor riqueza paguen, proporcionalmente, menos.
En este escenario, México surge como el epicentro de la concentración patrimonial, pero también como el país con mayor potencial de recaudación bajo un nuevo modelo de justicia tributaria.
De acuerdo con el informe del Observatorio Fiscal Internacional (ITO), dirigido por el economista Gabriel Zucman, México es el país que más ingresos generaría en la región mediante un impuesto mínimo a la riqueza extrema. La razón es doble: posee uno de los mayores números de milmillonarios y estos acumulan fortunas sin paralelo en el continente.
México, el gigante de la desigualdad en la región
Según el Latinobarómetro 2024, más del 75 por ciento de la población considera que la distribución de la riqueza es injusta. De forma similar, datos de Oxfam (2026) confirman un crecimiento imparable de la concentración del poder económico en la cima.
En cuanto a México, los connacionales con fortunas superiores a los 100 millones de dólares acumulan, en conjunto, 503 mil millones de dólares. Esta cifra equivale prácticamente al PIB combinado de Chile y Uruguay.
Mientras que menos de mil personas acaparan una cuarta parte de la riqueza nacional, la mitad más pobre de la población debe repartirse apenas el 2 por ciento. Cabe señalar que tan solo tres familias (Slim Helú, Larrea y Baillères) controlan más de 211 mil millones de dólares.
En los últimos 26 años, la riqueza de los milmillonarios mexicanos ha crecido más de un 400 por ciento, mientras que el patrimonio del 50 por ciento más pobre se ha mantenido estancado. De seguir esta tendencia, la riqueza de los ultra-ricos en la región podría alcanzar los 2 billones de dólares para 2040.
En la cúpula de los milmillonarios, los impuestos sobre la renta personal prácticamente desaparecen, un fenómeno de “subsidio a la riqueza” que México comparte con países como Francia o Estados Unidos, pero que en el contexto latinoamericano erosiona gravemente el entorno.
IMER: potencial de recaudación para México
En este contexto, el ITO propone una reforma estructural sin precedentes: la implementación de un Impuesto Mínimo Efectivo sobre la Riqueza (IMER).
Como parte de las estimaciones de recaudación para Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay, el documento indica que un impuesto mínimo del 2 por ciento generaría un total cercano a 24 mil millones de dólares anuales, equivalente a cerca del 0,6 por ciento del PIB de los países analizados.
En México, la implementación de este instrumento diseñado por Zucman y analizado por Vicente Silva para el ITO, muestra resultados transformadores.
Con una tasa del 2 por ciento, se recaudaría 10 mil millones de dólares anuales (suficiente para cubrir un tercio de un Sistema Nacional de Cuidados). Mientras que con la tasa del 3 por ciento, se captaría cerca de 15 mil millones de dólares, equivalente al 1 por ciento del PIB nacional.
Hacia una Infraestructura de Transparencia
El documento señala que para que estas reformas sean efectivas, es imperativo fortalecer la capacidad del Estado para medir y analizar la riqueza. Esto implica conectar datos tributarios, mercantiles y catastros, así como identificar quién posee realmente los activos detrás de estructuras societarias complejas.
La cooperación regional es otro ejemplo central, dado que la riqueza es móvil; la coordinación entre países evitaría la evasión hacia jurisdicciones más laxas.
Finalmente, el documento admite que América Latina ha logrado reducir la pobreza, pero ha fracasado en contener la concentración de poder en la cúspide. El impuesto mínimo a la riqueza extrema no es solo una medida recaudatoria; es una herramienta necesaria para rescatar la legitimidad democrática y corregir una falla sistémica donde el capital parece valer más que el ciudadano.
