El Poder Judicial del Estado de México (PJEM) inició un proceso de evaluación exhaustivo para la primera generación de jueces y magistrados electos mediante voto popular.
Maricela Reyes Hernández, presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial mexiquense, informó que este mecanismo busca garantizar la capacidad técnica y el desempeño ético de los nuevos juzgadores.
A tres meses de haber iniciado el año, el Tribunal de Disciplina Judicial reporta un avance del 30 por ciento en la revisión de los 84 perfiles que integran esta histórica generación. El proceso se rige bajo lineamientos emitidos por el pleno del tribunal el pasado mes de enero, contando con el respaldo del órgano de administración y la presidencia del PJEM.
“Hemos avanzado en 30 por ciento de los 84 jueces y magistrados que habrán de ser evaluados… Contamos con la colaboración de la escuela judicial para complementarlo”, detalló Reyes Hernández.
La metodología diseñada por el Tribunal de Disciplina y la Escuela Judicial divide el análisis en dos fases equitativas para asegurar una revisión integral.
La primera fase es una evaluación de desempeño, la cual consiste en una serie de visitas presenciales de inspección a los juzgados para analizar el ejercicio cotidiano de sus funciones.
La fase de pruebas técnicas consiste en evaluaciones aplicadas a través de la Escuela Judicial, institución donde los funcionarios recibieron formación previa a asumir el cargo.
Transparencia y consecuencias legales
El compromiso del nuevo órgano autónomo es dar a conocer los resultados finales en septiembre próximo. Maricela Reyes enfatizó que la transparencia es fundamental para que la ciudadanía conozca el avance y la calidad de la justicia en la entidad.
Por su parte, el magistrado presidente del PJEM, Héctor Macedo, lanzó una advertencia clara sobre el rigor de este proceso: en caso de que los jueces o magistrados no alcancen los estándares requeridos, el Congreso del Estado deberá actuar en consecuencia, lo que podría derivar en la remoción de sus cargos conforme a la ley.
Este sistema de evaluación se perfila como el primer filtro de control de calidad para el nuevo modelo de justicia electa en el Estado de México, buscando equilibrar la legitimidad democrática con la excelencia jurídica.
